Muchos de los que criticaron al editorial de “La Nación” del día de ayer, que pidió terminar con “las mentiras de los años 70” ante la “elección de un nuevo gobierno”, lo consideraron un exabrupto de los dueños de ese diario. En esa línea se anotó, por ejemplo, Horacio Verbitsky, quien, contraponiendo al nuevo presidente con los Mitre, saluda en Página 12 de hoy que “el propio Macri ha comprendido la evolución de la sociedad”.
El editorialista de “La Nación” , sin embargo, no se arrojó a una pileta sin agua. En primer lugar, el reclamo por el fin del juicio a los genocidas está afincado al interior del propio macrismo. El legislador Iván Petrella, un hombre de la mesa chica del PRO, ha criticado los actuales juzgamientos porque, a diferencia de lo ocurrido en Sudáfrica, “no han permitido llegar a la verdad”. La propuesta es conocida: cambiar absoluciones por información sobre el destino de los desaparecidos. El ala centroizquierdista que apoya al macrismo, donde militan la senadora juecista Morandini o la ex frepasista Fernández Meijide, ha formulado el mismo reclamo.
Pero el cuestionamiento a los juicios tiene otras razones bien más actuales. En la reciente campaña electoral, los “tres jinetes del ajuste” coincidieron, con sus matices, en el planteo de introducir al Ejército en la “lucha contra el narcotráfico”, una orientación que conduce inevitablemente a la militarización de los barrios y que coloca a las Fuerzas Armadas en el primer plano de la regimentación de la vida social.
¿Quién fue el pionero en esta “revalorización” reaccionaria del Ejército? Pues nada menos que el gobierno “nacional y popular”, cuando, en plena crisis de sus servicios de inteligencia, resolvió entregarle las tareas de espionaje a la cúpula militar, en la persona del represor César Milani. Pocos han reparado que, si se cumplen los propósitos enunciados en “La Nación” de ayer, uno de sus beneficiarios sería el ex comandante preferido de la presidenta, con graves imputaciones por su participación en la represión videliana. Pero Milani no es una excepción: en los actuales juicios a los genocidas, desfilan –y desfilarán por el banquillo- numerosos oficiales de la generación de Milani (y Astiz), que en los años del genocidio tuvieron intervención directa en el exterminio de miles de trabajadores y jóvenes. La relación con la actualidad es clara: si estos “Milanis” serán investidos de protagonismo político y social, no pueden ser sometidos a la picota de los juicios.
“La Nación”, por lo tanto, no tiró una botella al mar. Su reclamo está inscripto en una tendencia de fondo del régimen político, y hunde sus raíces en la impotencia de la “democracia” argentina para desmantelar el andamiaje político y económico de la dictadura. Los Mitre recogen la herencia de las “Felices Pascuas”, del punto final y la obediencia debida. Los juicios actuales sólo se reabrieron después de una crisis impensada, cuando un juez extranjero (Baltasar Garzón) pidió la extradición de genocidas impunes (2005): Sólo entonces, y para sortear, ese paso, el Congreso votó la derogación de las leyes de impunidad. A partir de allí, tuvimos juicios a cuentagotas y con numerosas trabas burocráticas, como denuncian los organismos de derechos humanos.
El editorial de “La Nación” presenta el “inocente” reclamo de prisión domiciliaria para los genocidas de edad avanzada. Con toda razón, los abogados y organismos de derechos humanos que lucharon por estas condenas sostienen que esa semilibertad no corresponde a genocidas de Estado, con múltiples vínculos con los aparatos de represión actuales y que podrían incluso amedrentar a testigos o víctimas denunciantes. Recordemos el caso de Jorge Julio López. En su conferencia de prensa de ayer, Mauricio Macri señaló que “la justicia tiene independencia para avanzar en los juicios”. Pero la orientación de los procuradores fiscales, que instruyen sobre su marcha, no es independiente del poder político.
El lugar de los trabajadores
A partir de todo lo anterior, se agiganta la reacción de los trabajadores de “La Nación”, que en una masiva asamblea repudiaron el editorial redactado por los patrones del diario. Ha sido un extraordinario pronunciamiento, no contra un brulote aislado, sino contra toda una orientación política. La asamblea de “La Nación” entraña otra lección política: después de cinco años de palabrerío sobre la “democratización de la palabra”, el escarmiento a las corpos no bajó de los impotentes “nacionales y populares”, sino de los laburantes de prensa.
En el primer día “hábil” de esta nueva etapa política, los trabajadores han hecho oír su voz y una advertencia de fondo que excede a los Mitre y a la propia agenda de los derechos humanos. Se ha producido la primera asamblea de todas las que enfrentarán los ajustes que se vienen.
¡Bravo, compañeros de “La Nación!
Marcelo Ramal
