01. Salario y condiciones de trabajo

Después de la crisis de 2009, no se han creado nuevos puestos de trabajo en la industria. La tentativa de salida a esa crisis se ha fundado en la prolongación de la jornada laboral, el desconocimiento de los convenios y el recurso a la tercerización y la precarización del trabajo. Por su parte, los trabajadores efectivos han recibido aumentos que se ubican siempre por debajo de la inflación. En este cuadro, los planteos de un salario mínimo igual a la canasta familiar (hoy cercana a los 9.000 pesos), de establecer el convenio más favorable en cada lugar de trabajo para todos sus trabajadores y asegurar el pase a planta de precarizados o contratados, son una defensa integral de la clase obrera y sus condiciones de vida, a costa del capital. Si los capitalistas se declaran "incompetentes" para nuestros reclamos urgentes, que abran sus libros y sus cuentas, que se anule el secreto bancario y comercial.

Frente a un 40% del trabajo en negro, precarizado o sometido a la tercerización, luchamos por el pase de los trabajadores contratados a planta, y la vigencia del convenio más favorable en cada industria o establecimiento. Para poner fin al desempleo, planteamos el reparto de las horas de trabajo disponibles entre el conjunto de los trabajadores y la formación profesional a cargo de las patronales.

02. Reforma impositiva integral

Si se suma el impuesto al salario a otros que recaen sobre los trabajadores –como el IVA, ingresos brutos o la vivienda única- se llega a que el sistema impositivo retiene hasta el 55% del salario. Como esos recursos bancan el pago de la deuda usuraria y los subsidios a grupos empresarios, el Estado se ha convertido en un instrumento despótico de transferencia de riqueza social de los trabajadores hacia los capitalistas.

En oposición a ello, planteamos la eliminación de los impuestos al consumo, al salario y a la vivienda única y su reemplazo por un régimen financiado integralmente con impuestos progresivos a los beneficios, patrimonios y a las rentas del suelo.

Estamos por la abolición del impuesto al salario, que ha llegado a afectar a casi tres millones de trabajadores. Como resultado de la presión popular, el gobierno ha debido echar lastre y exceptuar (sólo hasta diciembre) a quienes ganan hasta $15.000. Pero un millón de trabajadores continúan pagando este impuesto, incluso por trabajar horas extras. Nuestro planteo es su supresión sin condiciones: el salario, que paga la fuerza de trabajo, no puede ser colocado en el mismo plano que los beneficios, que surgen de la explotación de esa fuerza laboral.

Llevaremos al Congreso un proyecto que plantea su anulación para asalariados, jubilados o monotributistas, y que en ningún caso sea pago por quien gana menos de tres canastas familiares.

03. Jubilación

La estatización de las AFJP no ha servido de ningún modo para la recuperación de los haberes jubilatorios. Los fondos de la ANSES se han malversado para el pago de la deuda externa y para todo tipo de subsidios a grupos capitalistas. Lejos del 82% móvil, las tres cuartas partes de los jubilados perciben un haber de indigencia, que apenas representa el 30% del salario medio en blanco.

Oficialistas y opositores coinciden en un punto estratégico: hacer de la jubilación una prestación asistencial, y definitivamente desvinculada del salario. Como parte de esa orientación, la oposición de UNEN propugna el “82%” del salario mínimo legal, o sea, apenas trescientos pesos por arriba de la actual y miserable jubilación mínima oficial.

Nosotros, la izquierda, llevaremos al Congreso la lucha por reestablecer el 82% móvil del último salario percibido; por el pago de las retroactividades y de todos los juicios pendientes, el sostenimiento integral de la asistencia social (y de las propias jubilaciones) a través de impuestos y aportes progresivos que recaigan sobre la clase capitalista y que el Anses sea colocado bajo la administración directa de jubilados y trabajadores.

04. Inflación, devaluación y deuda externa

Al cabo de una década, el gobierno K acumula una deuda superior a la que existía en 2011. El supuesto "desendeudamiento" sólo ha consistido en pagar una parte de la deuda externa con fondos del Banco Central y el Anses, a costa del vaciamiento de éstos últimos.

El canje de deuda ha representado un beneficio leonino a quienes se acogieron a él. Pero ahora, se les ofrecerá lo mismo a los "fondos buitres", acrecentando todavía más la carga de la deuda externa.

Después de haberle pagado 175.000 millones de dólares a los usureros internacionales, la economía nacional se asoma a una nueva cesación de pagos. La devaluación que auspician oficialistas y opositores conducirá a la quiebra definitiva del Banco Central y los fondos jubilatorios, que querrá ser endosada a trabajadores y jubilados. En oposición a ello, planteamos la inmediata suspensión del pago de la deuda usuraria (intereses sobre intereses) , cuya persistencia es incompatible con cualquier salida favorable a las reivindicaciones obreras y populares. Los recursos que hoy se destinan a ella deben orientarse a una reindustrialización integral, sobre nuevas bases sociales. Los fondos del Anses y del Banco Central deben ser reconstituídos en base a un impuesto extraordinario al gran capital. Impulsamos una conferencia internacional de los pueblos sometidos a la carga de la deuda externa, para impulsar una acción de fondo por su desconocimiento integral.

La crisis del "modelo" oficial se manifiesta también en el fracaso de los controles de precios, y, por lo tanto, la inflación galopante. El gobierno de los "controles" ha permitido que los monopolios agropecuarios e industriales trasladen al país buena parte de la inflación internacional, que es resultado de la emisión desenfrenada de dólares para rescatar a la banca en quiebra. Por la vía de la carestía, los trabajadores de Argentina y otros países "emergentes" han contribuido a ese rescate. Pero el kirchnerismo le ha añadido su propia nafta al fuego de la inflación, al aumentar los combustibles -para facilitar los pactos con Chevron- o los intereses bancarios, empujados por la especulación con la deuda pública.

En este cuadro, los controles oficiales de precios no pueden ser más que un fraude. Planteamos la apertura de los libros de los pulpos agropecuarios, industriales e hipermercados; impuestos progresivos a toda la cadena de producción agrícola y ganadera, y el ajuste automático de los salarios con respecto a la inflación.

05. Transporte

El “triángulo corrupto” de privatizadores, la burocracia sindical y los funcionarios oficiales es el comprobado responsable del vaciamiento del transporte ferroviario. Como parte de él, se ha impuesto un régimen de tercerizaciones y trabajo precario, que ha sido otra fuente de malversación del presupuesto público. En defensa de ese régimen, fue asesinado nuestro compañero Mariano Ferreyra. Un año después, las mismas condiciones del servicio conducían a la masacre de la Plaza Once.

Denunciamos el fraude de la llamada “revolución ferroviaria” del ministro Randazzo, que ha preservado en sus sitios a los responsables del vaciamiento, y sólo ha cambiado a algún privatizador por alguno de sus socios.

En oposición al desquicio actual del transporte público y los ferrocarriles, planteamos la expulsión de los concesionarios que han vaciado el servicio en las últimas décadas y de la burocracia sindical que ha sido su cómplice, y la gestión integral del transporte por parte de trabajadores electos. Por la apertura e investigación de todas las concesiones del autotransporte, por su gestión y un plan único de recorridos y frecuencias bajo control de trabajadores electos. Por la jornada de seis horas en todas las variantes del autotransporte.

06. Vivienda

El carácter capitalista del llamado modelo oficial se delata en el acaparamiento sistemático de tierras y del suelo urbano que llevan adelante los monopolios inmobiliarios, agroindustriales o mineros -todos ellos, parte de la base social de los K o de su "liga de gobernadores". La contracara de los superbeneficios de estos pulpos es el encarecimiento insostenible del suelo o los alquileres, otra forma de confiscación de la familia obrera. En Argentina los problemas de vivienda afectan a más de 10 millones de personas. En la Ciudad de Buenos Aires, se ha duplicado la población que vive en villas. En la provincia, los asentamientos pasaron de alrededor de 400 a más de 1.000 en el mismo período, con un número de pobladores que supera los 3 millones. Las viviendas construidas por el Estado durante la gestión K no han alcanzado a atender el crecimiento vegetativo de la población, no hablemos ya del déficit.

Del otro lado, el copamiento del suelo y la construcción con carácter especulativo y sin control alguno, ha desatado la mayor anarquía y saturación de los servicios en las grandes ciudades. La población trabajadora ha pagado las consecuencias con inundaciones frecuentes, cortes de servicios y otros desastres.

Planteamos un régimen de impuestos progresivos sobre la propiedad del suelo (a mayor propiedad, mayor impuesto); la disposición de áreas de las zonas urbanas a costo cero para planes de vivienda popular, espacios verdes públicos y culturales, al igual que las tierras privadas ociosas; por un régimen de créditos a tasa cero para la vivienda y un plan enérgico de urbanización y de obras públicas para los asentamientos y villas. Para ello, planteamos una banca nacional única, bajo un directorio electo de trabajadores.

Estamos por la derogación de los actuales códigos urbanos – que recogen la inspiración del capital financiero e inmobiliario- y una planificación de las ciudades debatida y dirigida por representantes de las organizaciones vecinales y populares.

07. Salud

El sistema de salud pública se encuentra en un estado de derrumbe. Al retroceso sistemático en el número de camas y de personal disponible, se suma la carencia de insumos y la desatención a los pacientes, apenas disimulada con sistemas de “turnos” que se prolongan durante semanas y meses. El vaciamiento del hospital público es la contraparte obligada del negocio de la medicina privada, que incluye la intermediación parasitaria – uno de los centros de negocio del capital financiero – de las prepagas.

Al vaciamiento sanitario, le oponemos un sistema nacional de salud público y universal, a cargo del estado. Frente al saqueo de las obras sociales, de las patronales, del estado y la burocracia sindical planteamos la extinción del trabajo en negro, a través de la elección universal de cuerpos de delegados que tomen a su cargo el control de los aportes, y el manejo de las obras sociales por comités electos de trabajadores. Por el ingreso masivo de enfermeros, de acuerdo a los cánones de necesidad por paciente, con jornada laboral de seis horas, y de médicos y profesionales, con jornada de seis horas y doble turno en los hospitales públicos.

08. Educación

El gobierno kirchnerista ha mantenido las vigas maestras impuestas a la enseñanza bajo la década “neoliberal”. A través de nuevas leyes (de Educación Nacional, de Educación Técnica, de Financiamiento), se ha consolidado la descentralización menemista de la educación, la adaptación de la educación a las necesidades del mercado capitalista y la continuidad del apoyo a la enseñanza privada. En las universidades, el hacinamiento y la precarización laboral conviven con un régimen de privatización al interior de los propios claustros, una de cuyas expresiones es la utilización del patrimonio científico de la universidad por los monopolios privados.

La re- nacionalización de la educación en todos sus aspectos debe estar acompañada de la dirección democrática de la Comunidad Educativa, con mayoría de docentes y estudiantes. Planteamos la elaboración de objetivos, contenidos y distribución de recursos, en manos de esta dirección democrática de la educación integrada por todos los miembros de la comunidad educativa.

Por la duplicación del presupuesto educativo, que hoy apenas cubre los salarios docentes. Por un relevamiento inmediato de la situación edilicia de las escuelas bajo control de docentes, auxiliares y alumnos, para su inmediata reparación. Por pasantías educativas bajo normas establecidas por la docencia y no por la empresa, con horario máximo de 4 horas, pagas, bajo convenio de la respectiva actividad. Abordamos la recuperación de las conquistas históricas de la educación como parte de la reapropiación del conjunto de la riqueza y de la vida social por parte de los trabajadores, lo que exige una reorganización social a costa del capital.

09. Seguridad

La inseguridad ciudadana es un problema que afecta, en primer lugar, a los trabajadores y sus barrios. La inseguridad es el signo más contundente de la descomposición del Estado, porque tiene que ver con la vida de las personas. El delito organizado se aloja en las estructuras del Estado, y el ‘menor' en las estructuras de punteros de los partidos tradicionales, con vínculos en la justicia y la policía.

El crecimiento de la inseguridad es inseparable de la descomposición del capitalismo y de sus estados. Para rescatarse a sí misma, la banca internacional se ha entrelazado con los fondos del narcolavado. El capitalismo se ha transformado en un gigantesco negocio ilegal. Desde la cúpula del gran capital y del Estado, el delito se derrama hacia las salas de juego y la especulación inmobiliaria, y hacia los gobiernos locales y sus punteros políticos, que amparan a los desarmaderos o basurales clandestinos. Para acabar con el delito y la inseguridad, hay que atacar al aparato del Estado que lo encubre y protege, y atacar al régimen social que se nutre como un parásito del negocio de la destrucción física y moral de la juventud y de los seres humanos.

Estamos por el desmantelamiento del aparato represivo, por sus múltiples y comprobados lazos con el delito organizado. A partir de allí, debe establecerse una fuerza de seguridad ciudadana construida sobre nuevas bases; sus cuadros deben ser reclutados y seleccionados bajo el control de organizaciones sociales y de derechos humanos.

Que los libros de guardia y partes diarios de las comisarías estén sometidos al control de representantes electos; solamente así vamos a terminar con las zonas liberadas, el gatillo fácil y los chicos muertos en las comisarías. También proponemos la elección popular de los jueces, para que rindan cuentas periódicamente ante la población sobre sus fallos.

Por último, es necesario que los bancos abran sus cuentas y que sean directamente nacionalizados, para poner fin al lavado de dinero.

10. Democracia sindical

Durante casi una década, el kirchnerismo anudó un pacto con la burocracia de los sindicatos, que aseguró la persistencia de paritarias con techo, por un lado, y de un 40% de precarización laboral, por el otro. La ruptura de los Moyano y otros con el gobierno no obedece a un planteo de lucha: sólo han marchado detrás de la oposición capitalista al kirchnerismo. Los "renovadores” de Massa se están agenciando a lo peor de esa misma burocracia, para asegurarse a futuro la regimentación de los trabajadores, sus sindicatos y sus luchas.

Nosotros, la izquierda, luchamos por la reorganización clasista de los sindicatos basada en la soberanía de las asambleas obreras y en la independencia política de la clase obrera de la patronal y del estado capitalista.

Para poner fin a la dictadura de la burocracia sindical en nuestras organizaciones obreras, y asegurar su independencia respecto del Estado y de las patronales, planteamos la derogación de la ley de Asociaciones profesionales junto a la más amplia libertad de organización y representación sindical.

11. Corrupción

La corrupción es inseparable del régimen social existente: el dinero desviado al soborno o la cooptación de funcionarios, para desplazar a otros capitalistas o lograr una mayor porción del presupuesto estatal, es sólo la caja chica de la riqueza social que se sustrae cotidianamente a los trabajadores. Los partidos del régimen fundan su existencia en el apoyo económico de los capitalistas para sus campañas electorales. Esos apoyos, luego, hay que pagarlos.

Los Lázaro Báez, Cristóbal López y otros ligados a la camarilla oficial, dan cuenta de ello. Pero la oposición patronal que los denuncia no quiere recordar sus propias corruptelas, como la “Banelco” de la Alianza o los peculados del menemismo.

Planteamos que se abran las cuentas y contratos de la obra pública de toda esta década en la Nación y en las provincias; la investigación independiente de los patrimonios de los Lázaro Báez y otros, y se incauten los recursos y patrimonios de los empresarios vaciadores.

Por el control obrero de la obra pública, las licitaciones y contratos del Estado, que ningún funcionario o representante estatal gane más que un trabajador calificado y la revocabilidad de los cargos.

12. Derechos de la mujer

El kirchnerismo ha fracasado en abrir paso a las reivindicaciones más elementales de la mujer trabajadora. Las leyes de salud reproductiva han quedado en el papel, bajo el peso de la asfixia presupuestaria en todo el sistema sanitario estatal. Lo mismo ocurre con la cuestión del aborto no punible, que sucumbe bajo la presión del clero y sus agentes en el aparato estatal. Mientras tanto, la mujer soporta el flagelo de las redes de trabajo esclavo y de trata de personas. En un caso, con la complicidad de la gran industria textil; en el otro, de una vasta red de complicidades asociadas al poder político en todo el país.

Estamos por el desmantelamiento de las redes de trata y la vigencia integral de todos los derechos de la mujer trabajadora. Para terminar con la masacre del aborto clandestino, que se lleva la vida de centenares de mujeres por año, estamos por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Contra toda forma de opresión sexual y el derecho irrestricto a la libre elección de la sexualidad.
@2017 - Partido Obrero