Río Negro

Lista 137

Programa

Scioli, Macri y Massa son, sin dudas, los ‘candidatos del ajuste’.

Es que los tres comparten como programa la devaluación del peso y dar vía libre a los tarifazos, lo que representa un mazazo al salario. Acuerdan también en liberar el cepo cambiario y pagarle a los fondos buitres, lo que significa una nueva sangría nacional. 

Por su parte, el gobernador Weretilneck se ha bajado de la contienda electoral nacional. Mantiene así sus manos libres, para alinearse con el ajustador triunfante a partir del 10 de diciembre próximo. Su rechazo a reabrir las paritarias en el semestre en curso, revela su predisposición a ser el ejecutante local del ajustazo que preparan.

Pero los ‘candidatos del ajuste’ que se disputan la presidencia, tienen sus propios voceros y candidatos locales. A través de ellos, pretenden asegurarse una mayoría en el Congreso Nacional, donde funcionarán como los levanta-manos al servicio de una política ajustadora y entreguista.

Así actuaron los diputados nacionales del FpV y los bloques tradicionales. Fueron ellos quienes aprobaron la indemnización multimillonaria a la vaciadora Repsol, el pago al Club de París y la nueva Ley de Hidrocarburos redactada por el monopolio Chevron.

En cambio, el ingreso del Frente de Izquierda y el Partido Obrero al Congreso nacional, ha servido para amplificar y fortalecer la lucha que libran los trabajadores contra la carestía, los despidos, la impunidad, o en defensa de la salud y la educación públicas. Y para denunciar la postración de la Argentina, por la acción común  de oficialistas y ‘opositores’, al altar del capital financiero internacional.

En estas elecciones, el voto al Partido Obrero y al Frente de Izquierda en Río Negro y en todo el país, apunta a reforzar la presencia de la izquierda y el Partido Obrero en el Congreso nacional. Pero por sobre todo, representa un pronunciamiento político de los trabajadores contra el ajuste que preparan los candidatos patronales y por un programa económico y político de la clase obrera.

 

UN PROGRAMA PARA SUPERAR LA CRISIS FRUTICOLA

El proceso de monopolización en la industria frutícola, llevó a que cinco empresas exporten el 70% de la producción, por el puerto de San Antonio Este, concesionado a las propias exportadoras. En ese proceso fueron llevados a la quiebra los pequeños productores, expoliados por los pools financieros. Pero han sido los trabajadores del sector quienes se llevaron la peor parte. Los trabajadores ven caer año a año el poder adquisitivo de sus salarios, se reducen los días de trabajo en temporada y crece la tercerización y el fraude laboral.

 La profunda crisis que atraviesa la industria frutícola, reclama medidas de fondo. La nacionalización del comercio exterior, empezando por el puerto de SAE, y de los grandes pulpos, bajo control de los trabajadores, la constitución de un consorcio único de producción y comercialización dirigido por trabajadores y pequeños productores y el salario igual a la canasta familiar para todos los trabajadores afectados al sector, son medidas que sentarían las bases para revertir la crisis del sector. Los pequeños productores sólo tienen salida en una lucha común con los trabajadores, contra los grandes monopolios frutícolas, los pools financieros que los expolian y el Estado que los apaña.

 

 PARA EJERCER UNA VERDADERA SOBERANIA HIDROCARBURIFERA GESTIONADA POR LOS TRABAJADORES

Tanto con la aplicación de la nueva Ley Hidrocarburífera como con la recontratación provincial y la ampliación de los contratos petroleros en marcha, se profundiza la entrega de nuestros recursos energéticos. Por otro lado, el medio ambiente y la vida misma están en riesgo, ya que la explotación capitalista de los hidrocarburos implica depredación ambiental. La contaminación en Allen y en otros  puntos de la provincia así lo demuestra.

La nacionalización real e integral de la industria petrolera, bajo el control obrero y de las organizaciones ambientalistas que rechacen el fraking, es la única medida viable para sanear el déficit energético del país y poner esos recursos a disposición de una transformación social profunda y como parte de un plan económico y político de los trabajadores,

 

POR UN SALARIO IGUAL A LA CANASTA FAMILIAR Y TERMINAR CON LA PRECARIZACION LABORAL

El estado provincial es el precarizador número uno de la fuerza de trabajo. Así lo atestiguan los bajos salarios de estatales, el nulo control que se ejerce sobre los privados y el desamparo de  los centenares de trabajadores en negro o con distintas modalidades de contratos-basura en el propio estado y en empresas privadas. Los trabajadores padecen además  el derrumbe de los hospitales, las escuelas públicas y demás servicio básicos para la población en general.

Planteamos: un salario mínimo provincial equivalente al costo de la canasta familiar patagónica, hoy en los 15 mil pesos,  la generalización para todos los trabajadores del plus del 40% por zona desfavorable,  para poner fin a la enorme disparidad que existe entre el alto costo de vida en la región y los bajos salarios de la mayoría  trabajadora. La eliminación del impuesto al salario y al consumo (IVA). Y el fin de la precarización laboral. 

 

POR EL DERECHO A LA VIVIENDA, CONTRA LOS NEGOCIADOS INMOBILIARIOS.

 Más de 40 mil familias en Rio Negro padecen la falta de viviendas y son empujadas a tomas precarias con la permanente amenaza del desalojo.  Bariloche se ha transformado en la capital de la especulación inmobiliaria al tiempo que los obreros de la construcción trabajan en condiciones y por bajos salarios.

Planteamos el impulso de un plan de viviendas populares que termine con el déficit habitacional en la provincia.  Financiado con impuestos extraordinarios a los  monopolios petroleros, frutícolas y del turismo y la provincialización bajo el control de sus trabajadores  del puerto marítimo, hoy en manos de los monopolios que subfacturan las exportaciones evadiendo al fisco y obteniendo colosales ganacias.

 

PARA DESMANTELAR EL APARATO DE SEGURIDAD DESCOMPUESTO Y PRIMER FACTOR DE INSEGURIDAD

El aberrante hecho de abuso y corrupción de menores en condiciones de riesgo alojadas en dependecias estatales y cuyos victimarios son jueces, ministros, funcionarios y empresarios ligados al poder político vuelve a dejar a la vista un aparato estatal en profunda descomposición, vinculado a la trata de personas, al narcotráfico y a la esclavitud laboral.

La desaparición de Daniel Solano en Choele Choel, Carlos Painevil en Allen, el crimen de  Otoño Uriarte, el triple crimen de Cipolletti,  Atahualpa y  Caren en Viedma  o los innumerables casos de jóvenes victimas del “gatillo fácil” en Bariloche, Viedma, Fisque, El Bolsón y distintos puntos de la provincia, todos impunes,  evidencian el entrelazamiento de las fuerzas represivas con el delito organizado y son la certificación  final del estado de putrefacción en el que se encuentran las fuerzas de seguridad, que cuentan con el silencio gubernamental cómplice y el encubrimiento de fiscales y jueces.

El desmantelamiento del aparato represivo del estado,  la elección de jueces y fiscales por el voto popular y el derecho de revocatoria de mandato, son el punto de partida para poner fin a la impunidad en la provincia de Rio Negro.

Juicio y castigo a todos los responsables de crímenes y torturas.