Salta

Lista 189

Programa

1- Soberanía

El Estado provincial está estructurado para asegurar la dominación política de una oligarquía.

El poder político se encuentra monopolizado por camarillas que negocian el reparto de las distintas posiciones de gobierno a espaldas del pueblo. El sistema electoral está organizado para refrendar las decisiones que se tomaron con anterioridad al voto ciudadano. La división político-territorial de la provincia apunta a asegurar el control del Senado y Diputados por los partidos del sistema, violentando la representación proporcional del voto ciudadano. Esto convierte al Poder Ejecutivo en una dictadura electa que se apodera del presupuesto público para convertirlo en botín de las contratistas, de los bancos acreedores y para el enriquecimiento personal.

Las distintas representaciones parlamentarias no son revocables, lo cual las convierte en un cheque en blanco para sus beneficiarios y en una fuente de corrupción política. Las remuneraciones de estos representantes exceden en diez y veinte veces el salario de un trabajador.

Las consecuencias sociales de esta organización política oligárquica son enormes. La obra pública se ‘licita’ en beneficio de grupos cartelizados con enormes sobreprecios que se reparten con los funcionarios de turno. La recaudación impositiva es monopolizada por un grupo bancario, que se beneficia con un dinero gratuito. Las regalías petroleras son usadas como garantía para endeudar a la provincia en función de los intereses de la especulación inmobiliaria. El capital sojero acapara tierras a precios de remate y no paga virtualmente el impuesto rural.

Este régimen político se ha convertido en victimario de los derechos fundamentales del pueblo, como lo prueba la impotencia y complicidad con el femicidio; la expansión del narcotráfico; el gatillo fácil y la arbitrariedad policial.

A partir de esta caracterización resumida del régimen político imperante, nosotros, el Partido Obrero, impulsaremos como gobierno la convocatoria inmediata a una Asamblea Constituyente libre y soberana para poner fin a esta estructura oligárquica y establecer derechos sociales fundamentales de los trabajadores y los métodos políticos para asegurar su cumplimiento.

  • Establecimiento de un distrito electoral único en toda la provincia, al mismo tiempo que un reforzamiento de las autonomías y capacidades comunales.
  • Una asamblea legislativa única y un gobierno electo y responsable ante ella.

Romero propone una reforma política que ponga límite a las reelecciones e instale la unicameralidad.  Trata de “echar lastre” porque fue él quien acomodó la constitución para la re-re en el 2003. Su unicameralidad iría acompañada de un sistema de elección por distritos de una parte de los legisladores, lo que resguarda el control que los patrones locales ejercen sobre la legislatura y hasta alejaría todavía más el establecimiento de un verdadero régimen de representación proporcional.

  • Una dieta parlamentaria que no sea mayor al salario de un docente calificado.
  • La revocabilidad, por medio del voto ciudadano, de los representantes electos.

La política de impunidad judicial ha quedado de manifiesto en el juicio por el crimen de las turistas francesas y las reiteradas denuncias de familiares de víctimas de esa impunidad. También en la preservación de una policía tristemente famosa a nivel nacional por casos como el de los “narcopolicías”, las denuncias de zonas liberadas y gatillo fácil, o las represiones, apremios ilegales y las torturas contra la población en las comisarías. El narcotráfico y la trata de personas están al orden del día, de la mano de los vínculos con el aparato policial y el poder político y el propio poder judicial.

  • Elección y revocabilidad de jueces y fiscales.
  • Desmantelamiento de las estructuras de los servicios de seguridad cómplices del delito organizado, reclutamiento del personal por parte de los organismos de derechos humanos y el control popular de los organismos encargados de la seguridad ciudadana.

2- Trabajo

En la última década, Salta nunca dejó de estar en el primer o segundo lugar en índices de desocupación.

Urtubey  colocó a los municipios como tercerizadores.

El trabajo en negro supera el 40%; el Estado tiene 20.000 trabajadores en los municipios en condición de changarines sin derecho alguno, para  la obra pública menor  y los  servicios básicos a la mitad del convenio UOCRA y en negro.

El avance de la frontera agrícola y la agroindustria ha redundado en una expulsión sistemática de la mano de obra del campo, su concentración y el despoblamiento, agudizando la desocupación.

Ante la crisis son necesarias medidas que en primer lugar preserven el ingreso y las fuentes laborales.

  • Un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar en todas las actividades de la provincia y la elección de comisiones de aplicación de esta norma en todos los lugares de trabajo. Ajuste automático por inflación.
  • En oposición a las suspensiones y despidos, el reparto de las horas de trabajo. Establecer un Congreso de trabajadores para diseñar un plan de obras públicas y de industrialización de la Provincia.
  • La revisión de los contratos de obras públicas, con la participación de representantes electos de las organizaciones de trabajadores y de la educación y la cultura. El control de los trabajadores sobre todas las actividades económicas del Estado.3-

3- Educación

En educación, Salta era, hasta hace unos meses, la única provincia que mantenía con 66 hs de cátedra semanales a los profesores (casi el doble de lo establecido  como tope a nivel país). Fue la enorme Huelga de los Docentes Unidos, consiguiendo reducir el tope a 45 hs, lo que quebró esta pata de una política negrera y aniteducativa, aunque Urtubey todavía maniobra para evitar reconocer esta conquista sin la caída del salario docente.

Solo egresan de la secundaria 4 de cada diez ingresantes. Subsisten al menos unas 40 escuelas rancho en las áreas rurales. Las salas de 4 en el nivel inicial solo cubren el 40 % de la demanda. El peso del oscurantismo en la educación  con el control de la iglesia sobre el ministerio de educación y la educación religiosa, impacta por ejemplo en el record de maternidad adolescente 20% sobre el total de partos. Así, los casos de femicidios y el oscurantismo contra la mujer se consagran desde el propio Estado, en base a que este tutelaje que ejerce el clero católico prohíbe en los hechos educación sexual.

Hemos presentado una ley que declara la emergencia educativa en la provincia con cinco medidas (presupuesto, salarios, gabinetes, etc.) que fue rechazada por todos los bloques. A la vez, espera tratamiento nuestra reforma al estatuto del educador que va contra el sobre-trabajo de los profesores y contra la precarización laboral en la docencia, entre otros temas. Esta es la base ya existente de nuestro programa para la educación.

  • Titularización anual y pago por cargo. 45 hs tope sin afectar el salario. Régimen jubilatorio con 25 años de servicio. Capacitación gratuita a cargo del Estado. Convocatoria a un congreso pedagógico para revisar los contenidos y las condiciones de la educación de nuestros niños y jóvenes.
  • Eliminación de la enseñanza religiosa. Obligación constitucional de una enseñanza laica y gratuita. Triplicación del presupuesto de educación.

4- Salud

La salud vive una crisis aguda en varios frentes. La provincia no logra cubrir los cargos de profesionales  en la mayor parte del interior, porque ya hace años desapareció la figura del médico de “dedicación exclusiva” al hospital público. El hospital de Tartagal deriva las cirugías a la capital. Existe además un importante déficit de nombramientos en enfermería e insuficiente desarrollo de la cobertura de atención primaria de la salud con agentes sanitarios.

De conjunto, la atención colapsa por falta de recursos  ya que por la aplicación de la ley  6841 de autogestión hospitalaria, una porción creciente del los gastos debe financiarse con la facturación a las obras sociales. En este cuadro Urtubey promociona por ley con subsidios estatales hasta el 75% de las inversiones en medicina privada.

  • Salud pública gratuita en base al fin del sistema de autogestión y gerenciamiento. Restitución del tope de 30 hs semanales para garantizar la jornada de seis horas para médicos y enfermeras sin afectar el salario.
  • Restitución del régimen de dedicación exclusiva. Triplicación del presupuesto de Salud.

5- Vivienda

En Salta domina claramente la especulación inmobiliaria. Se adjudicaron 2500 créditos Pro-crear pero no hay terrenos disponibles .El valor de los terrenos existentes se multiplicó y hacen inviables la ejecución de las obras. El estado ha improvisado con algunas expropiaciones, que nosotros reclamamos desde siempre, para ofrecerlas centralmente como “terrenos con servicios”. La construcción de unas 2500 viviendas anuales apenas alcanza a cubrir los nuevos inscriptos manteniendo el déficit sin resolver.

  • Como ya hemos planteado desde nuestras bancadas, reservaremos el 40% del suelo urbano para viviendas y urbanización de acceso universal.

6- Sistema Impositivo

De la mano de Romero y Urtubey, la Provincia perdió toda autonomía financiera, ahora prorrogando el contrato con el Macro hasta el 2027. Hace tres años, después  de años de denuncias de nuestra parte, se realizó un revalúo de las propiedades rurales que se quedó a mitad de camino (pactaron un ajuste miserable con las cámaras patronales e inmobiliarias). Hoy la tasación fiscal se encuentra al menos diez veces por debajo de los valores de mercado. La producción primaria está exenta en Salta de ingresos brutos, a diferencia de otras provincias.  Hay que acabar con esta entrega. Los recursos para la obra pública y la acción del Estado deben venir de las grandes actividades económicas.

  • Eliminación de todos los impuestos provinciales al consumo y del inmobiliario a la vivienda única de una familia trabajadora, y establecer un impuesto único y progresivo sobre las ganancias industriales, agrarias y financieras del gran capital.
  • Impuesto progresivo sobre los latifundios sobre su valor de mercado.

7- Recursos Naturales

Estamos nuevamente en medio de una crisis por desmontes. Hemos presentado una ley de moratoria  de desmontes por dos años. Se han desmontado 90 mil Has clandestinamente y recategorizado otro tanto. Se aceleró el ritmo de desmontes como en la peor época de Romero. La Ley de bosques se convirtió en papel pintado.

  • Suspender los desmontes por dos años, dándole derecho a veto a las comunidades y un plan de uso de los recursos naturales, declarados de interés público. Prohibición de las recategorizaciones del uso del suelo.

Romero y Urtubey prorrogaron los contratos de petróleo hasta 2027 y la nueva ley de hidrocarburos Chevron, los autoriza a prorrogarlos por más tiempo aún, para mayor beneficio de pulpos ‘amigos’. Es lo que reclama el senador nacional Urtubey, que además plantea una reducción de las  ya miserables regalías que pagan las petroleras.

La Ley Chevron, el parate productivo y el vaciamiento energético amenaza con convertir nuevamente al departamento de San Martín en una sociedad de desocupados y emigración. Salta encabeza hoy las cifras de trabajo en negro, desocupación y desnutrición infantil. Se presenta la necesidad de recuperar este resorte productivo por parte de la provincia bajo control de los trabajadores, y no para el salvataje del capital como lo hizo Urtubey con Aguas de Salta y la Fundación Santa Tecla.

  • Provincialización de los recursos estratégicos (mineros, hidrocarburos, agua), bajo control de los trabajadores.
  • Reclamamos el resarcimiento al Tesoro de la Provincia por parte de Aguas de Salta y Fundación Santa Tecla por incumplimiento de contrato y responsabilidad en el colapso de los servicios.

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