Juan Manuel Urtubey, el nuevo gobernador salteño, está constituyendo un nuevo régimen político para defender en esencia los mismos intereses sociales que defendía Romero.
Urtubey aceptó que Romero nombrara una mayoría propia de jueces en la suprema corte provincial y bloqueara la designación del fiscal propuesto por Urtubey. Justificó su capitulación diciendo que es "esclavo de la división de poderes". También aceptó a un conjunto de funcionarios romeristas en puestos clave del gobierno. Entre otros a Francisco Ibáñez, ex intendente de Pocitos, procesado por corrupción, que luego tuvo que anular el nombramiento ante una manifestación de repudio en Tartagal. El gabinete está formado, además, por ex ministros y funcionarios de Ulloa y de Hernán Cornejo.
En otras áreas ha lanzado una amplia política de cooptación. En el Ministerio de Medio Ambiente ha integrado a destacados investigadores y profesores universitarios que habían sido críticos de Romero. Estas designaciones apuntan a frenar la creciente lucha ambientalista. Los nuevos funcionarios ya enfrentaron el primer sofocón cuando fueron interpelados por la instalación de una mina de cobre en Metán.
En el nuevo ministerio, que integra "justicia, seguridad y derechos humanos", Urtubey sumó a la jueza subrogante del juicio por la masacre de Las Palomitas; en cargos menores fueron designados familiares de víctimas de la represión y militantes de organizaciones de derechos humanos.
En la cámara de diputados avanza un acuerdo con la mayoría del PJ que conserva en la presidencia al hiper-romerista Godoy. Esto le ha permitido votar el presupuesto con 57 votos sobre 60 miembros. Urtubey se adelantó a Kirchner en eso de rescatar al PJ.
Urtubey y las privatizadas
Urtubey formó una comisión revisora de los contratos con compañías privadas.
La "revisión" comenzó con la suspensión de la ejecución del contrato de Lusal, que es la encargada del alumbrado público de los 52 municipios. La suspensión, pactada con la empresa, pretende "mejorar" el contrato original.
Durante la campaña electoral, Urtubey prometió anular el contrato de gerenciamiento privado de los hospitales en la zona norte de la ciudad; ahora dice que sólo lo revisará si cumple bien el servicio.
En el acto de presentación de la comisión, Urtubey anunció que no aprobaría ningún aumento de tarifas, pero dejó abierta la puerta para nuevos subsidios como los que ya se incluyen en el presupuesto para Aguas de Salta (que pasaron de 12 a 22 millones).
Urtubey y los sindicatos
Urtubey designó en la coordinación general del nuevo Ministerio de Trabajo a Gino Durán, dirigente gastronómico y ex secretario general de la CGT local. Durán es un hombre de Luis Barrionuevo.
El nuevo gobernador también participó de un plenario con un ala de la burocracia dirigida por Guaymas, de camioneros y diputado del PJ, y Pedro Cruz, de Obras Sanitarias. Un conjunto de pequeños gremios que apoyaron su campaña denuncian que no los recibe.
Urtubey fracasó en su intento de incorporar al Ministerio a dirigentes de los docentes autoconvocados, que denuncian el carácter continuista del nuevo gobierno.
Las reivindicaciones populares
El gobierno debutó enfrentando las expectativas que había depositado en él un sector de la población.
Se aprobaron los presupuestos provincial y municipal sin plata para aumentos de salarios; la promesa de devolver a un sector de los jubilados el 82% móvil se diluye; la ley de enganche de los judiciales fue vetada. Con el presupuesto se establecieron fuertes aumentos de subsidios a las contratistas.
En la Legislatura de la Capital cogobiernan los concejales del intendente Isa y los de Urtubey. Los concejales de Urtubey votaron la construcción del Centro Cívico que costará 35 millones y ahora el impuestazo que va del 30 al 130% para financiarlo. El contrato de la empresa encargada de la limpieza de la ciudad pasó de 28 a 52 millones anuales, mientras cientos de familias se han inundado por la falta de obras públicas elementales que están fuera de todo presupuesto.
