En Argentina hay más de 4.000 luchadores sociales procesados: obreros huelguistas, desocupados, estudiantes, campesinos que defienden sus tierras, miembros de asambleas barriales, ambientalistas. Los cargos que pesan sobre ellos van desde "usurpación de la propiedad" hasta "asociación ilícita" y "privación ilegal de la libertad". El Código Penal se utiliza abundantemente para criminalizar la protesta social.
El doctor Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema, y Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero, fueron los expositores de la Conferencia sobre "la criminalización de la protesta social", realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el 1º de noviembre de 2007. Desde sus respectivas ópticas, ambos desmenuzan en estas páginas el significado y el alcance de la "criminalización de la protesta social".
