La Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet seguró ayer que la presencia de personas vinculadas a la represión estatal "demuestra la continuidad del aparato represivo del régimen romerista" y afirmó que resulta “sorprendente y lamentable” que la política de derechos humanos del gobernador Juan Manuel Urtubey “sea garantía de impunidad”. La entidad respondió así al apoyo que el gobernador dio al secretario de Seguridad, Jorge Skaf, cuestionado tras conocerse que durante la dictadura militar realizó tareas de inteligencia en la Policía Federal. “¿Cuál es su política de derechos humanos cuando mantiene como responsable de la seguridad de los ciudadanos a un oficial vinculado a los Servicios de Inteligencia de la Policía Federal que actuaron durante la dictadura, y que ingresó a esa Secretaría en la gestión de (l ex gobernador) Juan Carlos Romero a petición de Sergio Nazario, alias Capitán Estévez, quien integró el grupo de asesinos que actuaba en el Campo de Concentración El Olimpo?”, interrogó la Asociación. También inquirió los motivos por los que se mantiene como asesor del área de Seguridad al comisario Rubén Sandoval, “ex jefe de la Oficina de Inteligencia D2 de la Policía de la provincia, quien durante la huelga docente del año pasado fue denunciado por practicar seguimiento y espionaje”. Y requirió las razones por los que el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Nicolás Juárez Campos (que respalda a Skaf), “designa como asesora (...) a la abogada María Eugenia Yaique, socia del bufete de abogados de Raymundo Sosa, quien fue abogado de la Policía durante la dictadura, vinculado al conocido represor (...) Joaquín Guil y que figura en los libros de la Comisión Nacional de Desaparecidos (Conadep)". Yaique fue la abogada de Sosa cuando éste intentó ser excluido de la lista de represores de la Conadep, lo que fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “¿Dónde está el cambio prometido en derechos humanos?”, interrogó la Asociación. Y consideró “agraviante y peligrosa” la afirmación del gobernador de que los reclamos de miembros de organismos de derechos humanos “persiguen ‘otros intereses’”, afirmación en la que Urtubey recurrió al “conocido método de la dictadura: descalificar a las víctimas”. “Desde hace más de 30 años el único interés que perseguimos es: verdad, justicia y cárcel común y efectiva a los genocidas. Más allá de que esto pueda ser para usted una novedad, para el resto de los argentinos que acompañó nuestra lucha, no lo es. Sin embargo, sí es sorprendente y lamentable para el pueblo salteño que su política de derechos humanos sea garantía de impunidad", concluyó la entidad.
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