Luis D'Elía es el titular "en las sombras" de la flamante Comisión Nacional de Tierra Social. La nueva Comisión pretende aprovechar los superpoderes de Fernández que le permiten reasignar partidas del presupuesto, para oxigenar su estructura, que hoy maneja unos 14.500.000 pesos" (La Nación, 6/3).
El "regreso" de D'Elía forma parte de una operación más vasta. En el conurbano y en la provincia de Buenos Aires el tema de los asentamientos "irregulares" es explosivo. Sólo en el Gran Buenos Aires, hay 1,2 millones de personas en tierras sin papeles que acrediten su titularidad, de un total de 6 millones en todo el país. "La mayoría de estas tierras no son fiscales sino privadas, pero en muchos casos son dueños en situación de abandono, que hace años no pagan impuestos" (Informe de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat, 2006).
En la Argentina hay 15 millones de hectáreas en disputa, incluyendo los reclamos de los pueblos originarios.
El control del proceso de "entrega" de tierras otorga un inmenso poder de manipulación a las camarillas encargadas de este "reparto". Al mismo tiempo es una veta excepcional para el negocio inmobiliario en aquellas tierras valiosas que aún están en poder del Estado. La ex Subsecretaría de Tierras había planteado la creación de un Banco Nacional de Tierras, cuyo capital debía conformarse con los territorios e inmuebles que los organismos del Estado no usaran. "El presidente pidió que juntemos unas cinco millones de hectáreas y le avisemos. Ahí decidirá él", planteaba entonces Luis D'Elía (Clarín, 21/5/06).
El último intento de "regularización" de tierras fue la llamada "Ley Pierri" (1994), que permitía al ocupante "ilegal" anotarse en un registro oficial certificando la tenencia del lote desde antes de enero 1989 y, de este modo, iniciar formalmente el trámite de prescripción que lo podía convertir en poseedor al cabo de 10 años. Con el "papel" del gobierno, el ocupante estaba obligado a pagar los impuestos y tasas, que hasta ese momento no pagaba. El artículo de la ley que determinaba que si las tierras ocupadas eran del Estado correspondía la "inmediata escrituración", fue vetado por el gobierno de Menem-Duhalde.
Desde 2003 hasta julio de 2006, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó la expropiación de 144 predios para el otorgamiento de la titularidad. "Sin embargo, en la mayoría de los casos, la Procuración provincial no inició los juicios correspondientes, lo cual dejó en una situación precaria a los beneficiarios" (Página/12, 28/8/06).
La lucha por la tierra y la vivienda requiere la organización por la escrituración inmediata de todos los inmuebles ocupados en tierras del Estado, la publicidad de todos los predios fiscales y la expropiación de los inmuebles ocupados de propiedad privada para entregarlos a sus actuales poseedores. Una indemnización sería casi nula, considerando el valor de los inmuebles al momento de su ocupación. Debería plantearse, además, la exención total de impuestos y tasas a todo poblador, hasta tanto no haya escrituración, un plan especial para jubilados y desocupados y la urbanización de los asentamientos y barrios a cargo del Estado y bajo control de los vecinos.
