En octubre, según disposición de la Justicia, vencen los plazos de la gestión de la cooperativa Fasinpat. En esa fecha, en caso de no haberse realizado la expropiación, la empresa sería rematada para resarcir a sus acreedores, o puesta en venta en caso de que hubiera algún particular interesado en ingresar al negocio y hacerse cargo del pasivo.
La fecha de finalización de la gestión obrera "transitoria" fue adelantada un año a pedido del fiscal que interviene en la quiebra. En su resolución, que data de mediados de 2007, la Justicia pondera que la gestión obrera permitirá un mayor precio de realización de sus bienes en beneficio de los acreedores. Durante este tiempo, el Estado no realizó ningún aporte ni subsidio y, a diferencia de las empresas capitalistas, Zanón no goza de las ventajas de los regímenes de "promoción industrial".
La situación actual
La descapitalización de la fábrica (obsolescencia de su tecnología) y los primeros síntomas del "enfriamiento económico" (caída de las ventas), sumados al vencimiento de los plazos, han colocado a Zanón en una situación límite.
La propuesta del gobernador Sapag de gestionar un crédito -para que la cooperativa compre la fábrica y se haga cargo de una deuda de más de 300 millones de pesos- es un "salvavidas de plomo" que tiene por objeto preparar a la "opinión pública" para la eventualidad de un desalojo. A pesar de que los obreros y obreras de Zanón presentaron tres veces su proyecto de expropiación, acompañado por más de 80 mil firmas, la Legislatura se ha negado a tratarlo. Recién hace pocas semanas, los diputados que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales se dignaron a recibir a una delegación de los trabajadores, ante la cual se comprometieron a "pronunciarse" recién en junio...
Por un movimiento de conjunto
Es necesario desarrollar una campaña de conjunto por una salida para todas las fábricas recuperadas. Es lo que plantearon los compañeros de Sasetru Gestión Obrera en el primer encuentro de fábricas recuperadas en diciembre pasado.
En aquella oportunidad llegamos al diagnóstico común de que el movimiento se encontraba en una encrucijada frente al vencimiento de las "expropiaciones transitorias", la falta de subsidios, los bajos salarios, las intimaciones de desalojo, los procesos judiciales contra sus trabajadores, etc., y que estábamos en presencia de una ofensiva política, judicial y económica impulsada por el Estado y las patronales para retomar el control de las empresas o hacerles pagar a los trabajadores un resarcimiento a los responsables de su quebranto. Esta caracterización mantiene toda su vigencia, como lo marca al rojo vivo el reciente y brutal desalojo sufrido por los compañeros de Impa. Por eso, es necesario resolver una campaña nacional y un programa de alcances generales.
