Luego de la nacionalización del petróleo, ‘a la gallega’, la crisis política en Bolivia se ha agravado en lugar de atenuarse.
¿Cómo se explica? ¿Qué es lo que está en juego?
Nacionalización a medida
En realidad, el gobierno del MAS no ha nacionalizado absolutamente nada, sino que ha aceptado un compromiso propuesto por los pulpos petroleros, que hace las veces de una ‘nacionalización’. El imperialismo sacó a Evo Morales de la encrucijada mortal de elegir entre la expropiación efectiva de los monopolios, que el MAS de ningún modo quería, y el mantenimiento de la situación prevaleciente, que hubiera llevado, alternativamente, a un estallido popular o a la caída del gobierno. La nacionalización ‘a la gallega’ fue la salida del imperialismo a su propio dilema: que Bolivia no puede ser gobernada, por el momento, por nadie más que Evo Morales. Además, corresponde a la tendencia internacional en esta materia.
Con respecto a los contratos en vigencia, los pulpos han aceptado un acuerdo que otorga la mayoría a la participación estatal, mediante el pago de las acciones correspondientes, que serán valuadas por consultoras internacionales. Esto les permite salvar los fraudes cometidos en la obtención de esas concesiones, que ya venían con pozos explorados por YPFB y hasta parte de sus tuberías. Bolivia saca de esto un mayor beneficio fiscal, pero las petroleras no pierden nada, porque el precio del gas de exportación (a Argentina) sube en más de un ciento por ciento. Lo mismo quiere obtener Evo de Brasil (llevar el precio del millón de BTU a cinco dólares), pero aquí las negociaciones siguen emperradas. Lula aceptó, sin embargo, entregar las refinerías de Petrobras a YPFB, mediante indemnización establecida por auditoria internacional. Bolivia sólo podrá pagar esa indemnización con un crédito internacional. Hay que advertir, de todos modos, que la refinación es el eslabón menos rentable de la cadena. A Petrobras le había servido, sin embargo, para reducir el precio y las ganancias del crudo, sobre las que paga impuestos.
En cualquier caso, el establecimiento de un contrato de operación, que remunera el servicio que presta la petrolera, les permite a los pulpos exagerar la magnitud de los costos y disimular, con este procedimiento, ganancias superiores a las que reconoce el Estado. YPFB no tiene los medios para efectuar con eficacia el control.
Con relación a los futuros contratos es que se presenta la clave del negocio de las petroleras. Aquí se ha establecido lo que llamaríamos el modelo ruso, firmado por Putin con Shell, pero que Putin quiere ahora renegociar. En este modelo las petroleras no pagan ningún impuesto hasta haber recuperado la inversión: solo a partir de aquí pasan a tributar el 82% —del cual el 50% son regalías. En Rusia el ‘modelo’ estalló cuando se descubrió que las privadas aumentaban continuamente el cálculo del costo de sus inversiones. La nacionalización ‘a la gallega’ (por Repsol y Zapatero) también posterga indefinidamente la industrialización del gas y del petróleo, pues las únicas inversiones previstas se refieren a la separación del gas (obtención de gas licuado), que se convertirá en el gran mercado internacional futuro de Bolivia (a México y Estados Unidos), para lo que deberá llegar a un acuerdo con Chile sobre la salida al mar.
El Estado soy yo
Evo Morales sacó del empantanamiento a su planteo de nacionalización del petróleo para poder abordar un punto más crucial: la centralización del Estado boliviano, sometido a presiones ‘autonómicas’. Por eso largó de inmediato un proyecto de ley que lo habilita a remover a los prefectos a los que se puedan probar irregularidades en la administración de las regiones. El compromiso (anti-nacional) con las petroleras abrió el camino para una arremetida (nacionalista) contra las oligarquías sojeras y ganaderas.
En la misma vena Morales insistió con su ley agraria y con la decisión de que la Constituyente funcione por mayoría simple en lugar de los dos tercios. Las tres medidas suscitaron la reacción de la oligarquía y de sus secuaces políticos, pero con la desventaja de que no podían contar ya con los choques del gobierno del MAS con los pulpos petroleros. La oposición partió a la lucha en situación de debilidad, por eso a lo más que puede aspirar es a un compromiso. Esto pasa por la Constituyente.
Frente a las marchas y deliberaciones de la oligarquía, Evo se cuidó de utilizar a fondo el aparato estatal; la COB y las centrales campesinas tampoco recurrieron a los métodos de ocupación de predios, fincas y lugares de trabajo. Las organizaciones que se han opuesto al MAS por la izquierda, han vuelto a manifestar su completa parálisis. Las movilizaciones contra la oligarquía han sido impulsadas por la izquierda del propio MAS, en especial del indigenismo campesino. Aunque la reforma de la ley agraria es muy limitada, incluso en lo que tiene que ver con los mecanismos para aplicar sus disposiciones, la oligarquía la observa, con bastante razón, como un llamado a la acción al campesinado. Un periodista trotskista, Miguel Lora, hizo la extraña observación de que el tema era ajeno al proletariado porque enfrentaba dos formas de propiedad. Así es como aparecen siempre las cuestiones agrarias, pero su solución depende de que la intervención de la clase obrera la eleve a la categoría de una revolución socialista en el campo.
Evo Morales ya ha concedido que la nueva constitución política del Estado sea aprobada por los dos tercios y por un referendo, pero con la reserva de que éste tendría la última palabra si fuera votada solamente por una mayoría simple. El Estado se ha robustecido fiscalmente como consecuencia de los nuevos impuestos petroleros y de la recuperación económica, razón por la que reclama el derecho a unificar políticamente al país y a su mercado interno. La poderosa oligarquía se encuentra a la defensiva, buscando un compromiso.
La pelea en la Constituyente
A esta altura del proceso político boliviano, está claro hasta para un ciego el acierto de la política del Partido Obrero con relación al ascenso del MAS y a la situación creada por ese ascenso. La izquierda verborrágica se ha convertido en abstencionista al cuadrado, porque sigue impotente frente a los hechos, sin poder influir en la masa del campesinado y sin poder orientar al proletariado en una situación que no lo tiene por protagonista, o al menos por protagonista principal. Por un instante creyó encontrar un resquicio para actuar cuando los cooperativistas mineros, proto capitalistas, atacaron a los obreros mineros para arrebatar algunos minas a Comibol, pero Morales consiguió aislar el choque de la situación de conjunto en el país, y con ello dejó a la ‘izquierda’ sin libreto.
La situación, sin embargo, no es tan confusa. La Constituyente, dominada por el oficialismo, debe determinar la estructura política del país y la explotación de los recursos mineros y agrarios. La tendencia popular es rechazar la autonomía oligárquica y consagrar formas de poder popular autónomas; nacionalizar realmente los recursos mineros; expropiar los latifundios. Con estos reclamos o programa es necesario desarrollar la independencia de las organizaciones de masas existentes, con referencia al gobierno y al Estado; formar comités de acción; construir un partido revolucionario. El desarrollo político ulterior depende de una confrontación de las masas con la oligarquía; de una confrontación contra los compromisos que urde Evo Morales con ella; de una confrontación con la Constituyente, o sea de una experiencia popular con ella, que contraste, en forma activa, las aspiraciones de los trabajadores con las limitaciones y maniobras de sus representantes.
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