Alemania impulsa que la negación del Holocausto y otros genocidios se conviertan en delito en los países de la Unión Europea (UE) y que los que tengan motivación racista reciban al menos un castigo mínimo. Se trata, según la ministra de Justicia, Brigitte Zypries, de “reanudar las negociaciones para llegar a un acuerdo marco para la lucha contra el racismo y la xenofobia”, que se había bloqueado por la negativa del gobierno de Silvio Berlusconi. “Ahora con Romano Prodi, Italia tiene una posición más abierta y queremos volver a impulsar ese proceso”, dijo Zypries. La meta es “una armonización mínima de la legislación penal” para cuestiones relacionadas con el nazismo y en especial en lo referente a la penalización de declaraciones racistas o xenófobas “como por ejemplo la incitación a la violencia y el odio o la negación o minimización de genocidios”. Aunque parezca una burla, en la misma reunión los ministros de Justicia de la UE discutieron “un reforzamiento de la cooperación policial para luchar contra la inmigración ilegal” (El País, 15/1).
Mientras el gobierno alemán se escandaliza porque Irán niega el Holocausto, sigue protegiendo a nazis de carne y hueso. En Italia acaban de condenar a perpetuidad a 10 oficiales nazis por la matanza de Marzabotto, en la que las SS asesinaron a 600 adultos y 200 chicos como represalia, porque algunos colaboraban con los partisanos antifascistas. Pero la sentencia es estrictamente simbólica, porque la Constitución alemana prohíbe la extradición de sus ciudadanos, sea cual fuere la sentencia. “A pesar de que estos delitos no prescriben y la condena es firme, los asesinos llegarán al fin de sus días sin la mayor molestia” (ídem).
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