28 de abril de 2011 | #1174 | Por Partido Obrero

Indagan a policías, pero faltan Alak, Aníbal Fernández (y también Nilda Garré)

Están pendientes los empresarios de Ugofe

Desde el miércoles 27 de abril al 5 de mayo, serán indagados siete oficiales en la causa que investiga la responsabilidad de la Policía Federal en el asesinato de Mariano Ferreyra.

La jueza Wilma López amplió el pedido del fiscal Fernando Fiszer dirigido al comisario Jorge Raúl Ferreyra, ex jefe de la División Roca de la Policía Federal, que estaba en Barracas; Gastón Conti, principal de la Dirección General de Operaciones; Rolando Garay, subcomisario de la Seccional 30ª; el comisario inspector Luis Mansilla, jefe del Departamento de Control de Líneas, y David Villalba, agente de la División Exteriores de Video. La ampliación requiere al ex superintendente de Seguridad Metropolitana, comisario mayor Hugo Lompizano, que durante el ataque al piquete ferroviario estaba a cargo de la División Operaciones de la fuerza, desde donde se monitoreaba con cámaras y se daban las órdenes a los policías que actuaban en Barracas. También fue citado su segundo, Alberto Echeverría. La ministra Garré había ascendido a ambos cuando asumió el cargo, pero advertida de lo que se venía, los echó más tarde.

La jueza tomó la medida luego de ordenar una serie de cruces telefónicos y haber realizado un reconocimiento en forma personal de las dependencias de la División de Operaciones.

La imputación no abarca solamente el incumplimiento de sus deberes de funcionarios al no intervenir e impedir que se atacara a los ferroviarios y los tercerizados, sino por intentar borrar las evidencias de su inacción y facilitar que los autores del crimen no fueran identificados ni detenidos.

El abanico de los indagados desnuda una coordinación superior, que ni el fiscal ni la jueza han esbozado aún. La gran pregunta es cómo la División Roca, la División General de Operaciones, el Departamento General de Control de Líneas, la División Exterior de Videos, la Comisaria 30ª pudieron actuar en forma coordinada sin una orden superior, para omitir sus funciones y para encubrir lo ocurrido posteriormente.

Ni el requerimiento fiscal ni el llamado a indagatoria de la jueza alcanzan siquiera a rozar una explicación que justifique la coordinación de cuatro divisiones de la Federal y una comisaría.

El instigador aún permanece en la penumbra. La ministra Garré y el Poder Ejecutivo conocen el asunto por la vía de la Side. La Policía Federal tiene una estructura piramidal y depende del Ministerio del Interior, la jefatura de Gabinete y la presidencia. El titular del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos a la fecha del crimen, Julio Alak, también debería ser citado.

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