28 de abril de 2011 | #1174 | Por Partido Obrero
SALTA

Ordenamiento territorial, una gran fuente de negocios

Cuando se dio el debate de la ley de Ordenamiento Territorial en la Cámara de Diputados, en diciembre del año 2008, el legislador del PO, Pablo López, denunció que la ley nacional que dio origen a la provincial sólo se aprobó cuando se estableció una compensación económica para aquellos grupos empresarios que no "puedan" desmontar y hagan "proyectos de conservación o manejo sustentable". Ante esta situación, López decía en esa sesión lo siguiente: "Tenemos el primer problema, que fue señalado muy bien por una organización de campesinos del Chaco salteño, que dice lo siguiente: ‘nosotros estamos en conflicto con una gran cantidad de terratenientes por la propiedad de la tierra, hace más de cien años; a los que vivimos ahí nos quieren echar', y ustedes les van dar plata a ellos, que se dicen dueños de la tierra y entonces utilizarán ese dinero para reforzar su poder económico sobre aquel pequeño campesino, productor o puestero que habita en las tierras que él reclama como propias". Esto se verificó con la nota presentada a Diputados y al ministro de Ambiente por los habitantes de la finca Michicola, que están en juicio de posesión veinteañal, pero su supuesto propietario ha recibido nada más y nada menos que 800 mil pesos por un supuesto plan de manejo.

También López denunció claramente que estos fondos de compensación, más las exenciones impositivas previstas por la ley, terminarían siendo una fuente de negociados en favor de los monopolios desmontadores. Esto se confirma cuando se ve la lista de beneficiarios, entre los cuales está Juramento SA, de propiedad del dueño del Banco Macro y el Frigorífico Bermejo, y el Ingenio Tabacal, entre otros.

Incluso a los madereros se les pagará por hacer un plan de manejo sustentable, cosa que debieran hacer sin pago y como requisito indispensable para poder extraer madera. Pero si todo esto fuera poco, uno de los beneficiarios -reconocido por él mismo en la reunión de hoy- es el funcionario del Ministerio de Ambiente Darío F. Arias. Es claro, más allá de cualquier argumentación, que hay una manifiesta incompatibilidad.

Por eso no debe resultar extraño que el estafador descubierto con documento falso haya llegado a la instancia de abrir una cuenta bancaria, a la cual sólo llega quien ya tiene una resolución para recibir los fondos.

En medio de este verdadero escándalo, los diputados olmedo-romeristas sólo reclaman más fondos de la Nación para estos negocios.

"Como se ve, la ley de ordenamiento territorial es una fuente de negocios para los que destruyen el ambiente y expulsan campesinos y aborígenes para acrecentar sus negocios monopólicos. Se confirmó la denuncia del PO cuando se trató la ley", sentenció Pablo López, quien estuvo presente en la reunión.

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