13 de octubre de 2011 | #1198 | Por Partido Obrero
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¡Basta de muertes! Autovías con presupuesto nacional Ya

No a la ley Promitt, una gran estafa que se prepara en el Congreso

La Ley Promitt establece la creación de una tasa de servicios públicos para beneficio exclusivo de empresas concesionarias a través de un impuestazo al combustible. Más deuda pública y una salida para el blanqueo de capitales internacionales de origen ilegal. Penas de hasta 25 años de prisión para proteger los intereses de capitalistas que ya están en carrera por las 500 mil firmas. El gran lobby.

La sensibilidad social está exacerbada por las continuas pérdidas de vidas en las rutas, obsoletas y desadaptadas al nuevo parque automotor. En el tramo Azul-Monte de la ruta 3, uno de los más peligrosos, se han producido tremendos accidentes que han sacudido a los pueblos de la zona, con importantes manifestaciones.

Autopistas para el saqueo

Los capitalistas aprovechan el sufrimiento popular y arremeten con fuerza en todo el país para la aprobación del proyecto de ley Promitt -Programa de Modernización de la Infraestructura del Transporte Terrestre-, actualmente en Diputados. La cruzada por las 500 mil firmas que obligue al Congreso a su tratamiento y aprobación se ha constituido sobre el engaño, explotando dos factores: el incremento de accidentes en las rutas, y la consigna publicitaria que miente "autovías libres de peaje". El autor de este proyecto es el Ing. Guillermo Laura, presidente de la Fundación Metas Siglo XXI, ex funcionario de la última dictadura militar e impulsor de la red de autopistas porteñas que, durante el gobierno de Cacciatore, desplazó de sus lugares a unos 200 mil habitantes y le costó al Estado 730 millones de dólares que pasaron a engrosar la ilegítima deuda externa. Laura fue premiado por su doble cometido: erradicar las villas y convertir esa erradicación en un negocio millonario, a costillas del pueblo. Laura viene insistiendo con este proyecto desde 2007, pero en el último período -2010/2011- ha conseguido darle un fuerte impulso, a través de las cámaras empresarias, consejos profesionales, sectores rurales y poderes públicos que se han involucrado activamente en el gran lobby. Para hacer pasar el saqueo, los ideólogos y defensores de la ley Promitt, hablan de autovías "libres de peaje" y rehabilitación de los ferrocarriles, cuando en realidad se proponen resolver las necesidades del sector productivo ("Por un desarrollo balanceado"; suplemento rural de diario Clarín, edición del 17/7/10), y cerrar un negocio de envergadura que habrá de recaer sobre las espaldas del pueblo trabajador.

La privatización total, lisa y llana de las rutas en todo el país, grandes subsidios al capital privado a cargo de la explotación del sector ferroviario, y más. El proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados está firmado por legisladores de Coalición Cívica, ARI, GEN, UCR, Partido Socialista, Movimiento Popular Neuquino, Partido Demócrata de Mendoza, Unión Celeste y Blanco, PRO, Frejuli, Justicialismo Republicano y Frente para la Victoria -PJ. La oposición denuncia que el Presupuesto 2012 no contempla partidas para construir la autovía, pero a la vez apoya el Proyecto de Laura. Actualmente en las Comisiones de Transporte, Obras Públicas y Presupuesto y Hacienda, el proyecto suma las adhesiones de concejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires y cámaras de diputados provinciales. La Cámara de Diputados bonaerense ha declarado "de interés legislativo" la puesta en marcha de este Plan que promueve un sistema de peaje mucho más costoso que el que nos rige actualmente y que obligaría impositivamente, incluso, a quienes no transitan por las rutas. El proyecto tiene previsto para beneficio exclusivo de los concesionarios un impuestazo al combustible: la Tasa Retributiva de Obras y Servicios de Autopistas -Trosa, conformada por un monto calculado en 0,025 centavos estimado al poder adquisitivo del 31/3/08 (la actualización lo elevaría significativamente al ritmo inflacionario de los últimos años), por cada litro de combustible líquido o metro cúbico de GNC. La tasa final incluye un adicional del 21% para inyectar a un sistema ferroviario privatizado. Esta tasa se actualizará mensual y automáticamente; estará regida por el índice del costo de la construcción (ICC), nivel general, y no podrá ser disminuida, suprimida o alterada, en ninguna de sus modalidades, en perjuicio de los derechos adquiridos por los concesionarios, el fideicomiso o sus beneficiarios. Al Estado nacional se le reserva el papel de garante de la estabilidad, intangibilidad e invariabilidad de la Tasa y de su efectiva percepción, que estará a cargo de las empresas refinadoras e importadoras de combustible. El flujo de fondos que genere la Trosa se transferirá al patrimonio individual de los concesionarios, constituyendo un derecho de propiedad que, al igual que el de fideicomisos y beneficiarios, no podrá ser revocado, ni anulado, ni revisado por el Estado nacional. El proyecto de ley que aclara que el financiamiento total de las obras correrá por cuenta de los concesionarios, establece las bases de una compleja ingeniería financiera para exclusivo provecho de las empresas adjudicatarias a las que se les reconoce el empleo de instrumentos tales como la celebración de convenios de underwritting con las entidades que se obliguen a suscribir o colocar bonos de infraestructura, la constitución de fideicomisos administrados por la Caja de Valores SA para la emisión y colocación de esos títulos, la convocatoria de consultoras internacionales, y la intervención de las AFJP, hoy Anses, para absorber los títulos valores que se emitan. Así es que el concesionario podrá transferir los fondos a los que tenga derecho a un fideicomiso que administrará la Caja de Valores, la que a su vez podrá emitir y colocar bonos de infraestructura, cuyo servicio de capital e intereses será atendido exclusivamente con el producido de la parte proporcional del flujo de fondos generado por la Trosa y, en su caso, por el Ingreso Mínimo Garantizado, que es el monto que el Estado ha de garantizar al concesionario durante todo el período de la concesión, equivalente a la Trosa con más el ICC. Al concesionario o fiduciario se le asegurará la percepción del flujo de fondos de la Trosa por 30 años y para cada tramo de mil kilómetros y si al término del mismo los bonos de infraestructura no estuvieran cancelados íntegramente, la concesión será prorrogada de pleno derecho por el tiempo que requiera la cancelación total de los mismos. No se les escapa detalle. Concluida la concesión, debería dejar de percibirse la tasa. Pero no. El negocio está armado para quedarse. A la concesión de las obras de construcción le seguirá la de la conservación, mantenimiento y explotación -aisladas, divididas o integradas conjuntamente con otras obras de la Red Federal de Autovías. No siendo ya poca cosa, también establece que esa licitación se realice con la debida antelación para que no exista interrupción entre concesiones y, por lo tanto, tampoco se interrumpa la percepción de la tasa. Un detalle no menor lo constituye la circunstancia de que la Trosa no puede ser disminuida, pero sí aumentada y si el concesionario o fiduciario considera afectado el equilibrio de la ecuación económica de las concesiones, el Poder Ejecutivo podrá elevarla, reconociéndosele facultades para incrementarla también hasta un máximo del 20 por ciento para incorporar obras viales adicionales. Garantías del BID, Birf u otras entidades financieras de crédito Para facilitar el acceso de los concesionarios al mercado de capitales y reducir el costo financiero, el proyecto prevé que el Poder Ejecutivo gestione ante los organismos multilaterales de crédito, BID y/o Birf u otras entidades financieras, el otorgamiento de garantías de cobertura puntual del Ingreso Mínimo Garantizado. Los concesionarios van a poder financiar así la obra con créditos garantizados por el Estado, con lo cual, cualquier situación de quiebra provocaría automáticamente deuda pública. Y la perlita mayor: las inversiones extranjeras estarán exentas de todo control, limitación y restricción legal, lo que supone un canal abierto al blanqueo de capitales de origen ilícito (trata de personas, narcotráfico, etc.). Para completar el festival, el texto propone un gran paraguas represivo incluyendo figuras penales que castigan con penas de prisión de hasta 25 años cualquier conducta que afecte los bienes materiales sobre las rutas y los alrededores y agrava cuando esté comprometida la integridad de las personas. Los procesados por cualquiera de los delitos contenidos en esta ley no podrán gozar del derecho a la libertad durante el proceso (delitos no excarcelables). Para la construcción de la Red Federal de Autovías se podrán expropiar los inmuebles que sean necesarios. La autoridad de aplicación con facultades exclusivas para ese relevamiento será la Autoridad de la Red Federal de Autopistas (Arfa) que dependerá directamente del Presidente de la Nación. Lo que asegura la Ley Promitt es la profundización a gran escala de la privatización que se inició en los ‘90 con el sistema de peaje directo y la extensión del saqueo contra el pueblo, esta vez a través del gran impuesto al combustible, pero también por medio del precio final del producto en el que invariablemente descarga sus propias obligaciones el sector productivo. Tales las bases y modalidad de una industria inagotable de transferencia de recursos de los trabajadores al capital, incluso financiero, el perjuicio sería sin embargo todavía mayor e incalculable, de ejecutarse este plan de despojo al que hay que oponerle una lucha organizada.

* ¡Basta de muertes! Autovías con presupuesto nacional Ya.

* Ni un centavo más de peaje directo ni indirecto.

* No a la ley Promitt.

* Por legisladores de izquierda en el Congreso que, en defensa de los derechos de la clase trabajadora, puedan desnudar la gran estafa capitalista.

* Basta de saqueo.

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