13 de octubre de 2011 | #1198 | Por Partido Obrero

La pelea está en la calle

A poco de cumplirse un año del asesinato de Mariano Ferreyra, el escenario en que se desarrolla la pelea judicial muestra con claridad cuáles son las fuerzas en pugna y nos marca, con igual contundencia, la necesidad de mantener y profundizar la denuncia pública y la movilización, nuestras principales armas en esta desigual batalla.

Tres son hoy las causas que tramitan en distintos estamentos judiciales, vinculadas con el ataque criminal planificado, dirigido y ejecutado por la triple alianza antiobrera, el 20 de octubre del año pasado, contra los trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca y las organizaciones que acompañaban su reclamo: la causa contra la patota, la causa contra la policía y la causa por el intento de coimas a la Cámara de Casación. En cada una de ellas se despliega un impresionante aparato de poder, integrado por diferentes expresiones de la burguesía y dispuesto a todo para buscar la impunidad o, cuando menos, minimizar los riesgos -haciendo un “control de daños” al mejor estilo de un buen empresario capitalista.

En la causa principal, la patota de la Unión Ferroviaria y sus jefes, José Pedraza y el “Gallego” Fernández, tienen su procesamiento confirmado y está previsto para principios del año que viene el juicio oral, al que llegan acusados por homicidio calificado, consumado contra Mariano, y tentado contra los compañeros Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.

En ese debate, Elsa -por quien actúa su hija, Estefanía- y Nelson, ambos representados por Apel y Correpi, reclamarán prisión perpetua para los organizadores y los ejecutores del plan criminal, y señalarán que no es para nada inocente la ausencia de todo reproche a las otras dos partes que planificaron y llevaron a cabo el intento de disciplinar a los compañeros movilizados en defensa de sus condiciones laborales: la patronal y el aparato estatal.

Desde el inicio del expediente, resultó evidente la decisión política de no avanzar respecto de la empresa Ugofe, cuyos directivos, a lo sumo, fueron convocados como testigos; es decir, como simples espectadores ajenos al hecho criminal. Pese a la enorme cantidad de elementos que, una y otra vez, hemos destacado en sucesivas presentaciones, que dejan a la vista la unidad de intereses de la empresa con los burócratas sindicales -empresarios ellos mismos- y su accionar coordinado, el aparato judicial ha mantenido a salvo a la patronal, tan “beneficiaria” del crimen como su socia, la Unión Ferroviaria.

La coalición burocrático-empresarial seleccionó cuidadosamente abogados pertenecientes a los más tradicionales -y caros- estudios jurídicos de la “city” porteña, entre ellos algunos -como Igounet o Froment- que defendieron a genocidas de la dictadura. Ya hemos visto, en acción, sus inagotables recursos económicos y de contactos, con episodios como la tentativa de comprar la libertad de sus asistidos, y es evidente su estrategia de dilatar el proceso -a la inversa de lo que sucede en las defensas “normales”, donde es el preso el que tiene apuro en llegar al juicio- con clásicas “chicanas” bajo la forma de recusaciones, nulidades e incidentes de todo tipo. Nada muy diferente de las estrategias que enfrentamos a diario, cuando este mismo tipo de abogados -Argibay Molina, Babington, Stinfale, Cúneo Libarona- defiende a policías en causas de gatillo fácil o torturas.

Los jueces del Tribunal Oral 21 y la Fiscalía cumplen también su rol. Los primeros, mientras se esfuerzan por exhibir objetividad y prescindencia, no pueden ocultar la preocupación que les genera tener a su cargo la organización y desarrollo de un juicio que estará rodeado de movilización popular, situación en la que, y no sin razón, por cierto, sienten que se pone en riesgo su capacidad de maniobra.

La Fiscalía, aunque acompaña nuestra acusación, viene a completar la tarea que inicialmente estuvo a cargo de Cristina Caamaño, ex integrante del Cels, que consistió en ceder por el lado de la patota sindical, para poner a salvo, además de la empresa, a quienes, como premio por su buen desempeño, hoy co-dirigen desde el Ministerio de Seguridad: la Policía Federal.

Es que la decisión de escindir la causa originaria, separando el hecho principal de la investigación de la conducta del personal policial, muestra a las claras que, fracasado el intento de sepultar el ataque bajo la máscara de la “pelea entre facciones opuestas de sindicalistas” (al estilo del “se mataron entre ellos” del día siguiente al Puente Pueyrredón), el plan B fue preservar al aparato represivo estatal. Cuando hemos probado, sin margen para la duda, que la intervención policial fue decisiva para que se pudiera concretar el ataque y para garantizar el escape de los asesinos, jueces y fiscales apenas sí admiten un tibio “abandono de persona”, en lugar de la clarísima participación de los policías en el plan criminal conjunto. Es altamente significativo que, en la causa contra los comisarios, subcomisario y oficiales de la Federal, sus defensas están, salvo en los pocos casos que optaron por estudios privados, a cargo del propio Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, lo que requiere un previo acto administrativo autorizando su intervención oficial. Dicho de otro modo, el ministerio que co-dirigen Nilda Garré y el Cels aprobó que sus funcionarios abogados -los mismos que a diario, también, cruzamos defendiendo policías torturadores y fusiladores- asuman la defensa de los policías que facilitaron el asesinato de Mariano y las lesiones a los demás compañeros. No hace falta más para entender el rol que juega el gobierno “de los derechos humanos” en esta causa.

Finalmente, está la causa por las coimas intentadas por los defensores de la Unión Ferroviaria sobre los jueces de la Cámara de Casación, donde se investiga la conducta de unos y otros -donde pese a su estado embrionario, podemos anticipar un escenario semejante.

En este marco, debemos concluir que, más que nunca, nuestro lugar está en la calle, para denunciar el pacto criminal de la triple alianza antiobrera y exigir el juicio y castigo a todos los responsables del crimen contra los compañeros, confiando sólo en nuestras propias fuerzas y en la contundencia de nuestra masiva movilización.

Tags:

Compartir

Comentarios

@2017 - Partido Obrero