9 de noviembre de 2017 | #1481 | Por Marcelo Ramal

[Editorial] Un pacto contra los trabajadores y jubilados

La presencia de los jefes de la CGT y los gobernadores en la presentación del “plan de guerra” de Macri contra trabajadores, jubilados y las provincias ha sido mucho más que un acto ceremonial. En estas horas, todos ellos avanzan junto al gobierno en la aprobación de este paquete reaccionario, cuyo núcleo, naturalmente, se encuentra en la reforma laboral.
 
El diario Ambito Financiero de este lunes alude a “un rápido acuerdo entre el gobierno y la CGT”, y detalla con pelos y señales la hoja de ruta de ese acuerdo. A pedido de la burocracia, el gobierno aceptaría modificar en su proyecto la redacción que presenta al “trabajo” como una “cooperación igualitaria” entre obreros y patrones -lo que aportaría la letra para que la Justicia laboral descarte cualquier principio compensatorio favorable al trabajador. Si el gobierno cede en este punto, es porque al mismo tiempo prepara una purga contra los actuales jueces laborales, para volcar a este fuero a resoluciones abiertamente propatronales sin necesidad de un cambio en la norma. Adicionalmente, el gobierno podría ceder en los plazos para la prescripción de los juicios laborales, que el proyecto original pretende acortar. La CGT podría “conseguir” también que se modifique el cronograma de reducción de los aportes patronales, en un marco general de apoyo a este amplio perdón a los empresarios. A cambio de estos cambios menores, la burocracia dejará pasar el corazón de la reforma, entre otros puntos, el recorte sustancial de las indemnizaciones, en cuyo cómputo no entrarían las horas extras, premios y otros beneficios, así como la puerta abierta a “fondos voluntarios” donde el trabajador termine pagándose de su salario su propia indemnización. El gobierno tampoco cedería en la posibilidad de que un trabajador acepte un contrato individual inferior al de su convenio, así como la rienda suelta a que la tercerización de actividades se extienda sin responsabilidades de la empresa principal.
Moyano, quien tampoco ha cuestionado a la reforma en su conjunto, está pugnando para eximir al transporte de este punto. El gobierno, por ahora, lo extorsiona con posibles carpetazos.
 
La negociación con la burocracia, sin embargo, no ha empezado ahora. En las reuniones previas a la publicación del proyecto oficial, ya estaban trazadas las líneas de fondo del acuerdo. A cambio de dejar pasar la andanada de medidas flexibilizadoras, la burocracia se llevaba dos cuestiones sustanciales: primero, la preservación del unicato sindical, que el gobierno ha salido a refrendar con una escalada contra los sindicatos simplemente inscriptos. Segundo, la creación de una “agencia evaluadora” de las prestaciones en las obras sociales, cuya misión será la de restringir los tratamientos más costosos y complejos. De este modo, el gobierno de la “anticorrupción” permitirá que la burocracia sindical le traslade a sus afiliados las costas del vaciamiento que perpetraron contra las obras sociales. Ese fue el acuerdo de fondo que la burocracia preparó, en todo el período previo, entregando conquistas fundamentales en varios convenios colectivos por gremio. La discusión de estos días es sólo la “letra fina” del acuerdo.
 
Gobernadores
 
Por cuerda separada, el gobierno también ha salido a asegurarse el acuerdo de los gobernadores y sus representantes parlamentarios, del Pejota, el FpV o el massismo. El anuncio simultáneo de todas las reformas -laboral, impositiva, jubilatoria- no ha sido casual. Las negociaciones en curso entrelazan a todas ellas, pero para sus participantes, el corazón de este paquete es la reforma laboral.
 
El gobierno, por eso, ya le adelantó a los lobbies capitalistas relacionados con la industria del vino u otras bebidas -y a los gobernadores o diputados asociados a ellos- su disposición a morigerar la carga de los impuestos internos anunciados con la reforma impositiva. La moneda de cambio será, naturalmente, el apoyo de todos ellos a la ley antiobrera en el Congreso. Del lado del gobierno, se va a compensar largamente esa concesión con otro mazazo -la modificación en el cálculo de los aumentos jubilatorios. La expresión política de este acuerdo de fondo no sólo involucra al massismo y al Pejota, sino que se extiende también al Frente para la Victoria. Alicia Kirchner, que estuvo presente en los anuncios del CCK, lleva adelante un brutal ajuste provincial en Santa Cruz en un acuerdo con el gobierno de Macri. En medio de semejante ofensiva, Cristina y los suyos han salido a invocar el “estado de derecho” en su propia defensa. Los que habían prometido ‘ponerle un freno’ al ajuste oscilan entre el desbande y la capitulación. En los antecedentes de flexibilización laboral “por gremio” se inscribe Atilra, cuya directiva se encuentra hegemonizada por la Corriente Federal del kirchnerismo.
 
El “plan de guerra” oficial ha servido para mostrar la completa sumisión al macrismo por parte de la oposición de cuño capitalista. Más allá de los roces menores con el gabinete, los mandantes de esa oposición, la UIA y la Asociación de Bancos han ordenado cerrar filas con el gobierno, en aras de imponer la reforma laboral.
 
Política de lucha
 
El cuadro que aquí presentamos destaca la responsabilidad del clasismo y de la izquierda para oponerle un programa (ver páginas centrales) y una política de lucha a este pacto en curso contra la clase obrera y sus conquistas históricas. Lo que tenemos planteado, en primer lugar, es un enérgico llamado a la deliberación en los lugares de trabajo y en todos los sindicatos, sobre los alcances de la reforma, sus implicancias en cada gremio y cómo la enfrentamos. Los Daer y compañía no tienen mandato para entregar, en la mesa de los ‘arreglos’ con el ministro Triaca, nuestros convenios colectivos, los derechos indemnizatorios, el salario y la estabilidad laboral. Junto al reclamo de asambleas en todas las organizaciones obreras, es necesario articular una política de movilización contra la parálisis y el pacto de los burócratas con el gobierno. La Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero, que ha puesto en marcha una campaña contra la reforma antiobrera, ha comenzado una ronda de reuniones con sindicatos y centrales obreras para discutir un programa y una primera respuesta de lucha. La ofensiva oficial, y el compromiso de burócratas y seudoopositores con ella, abre un amplio terreno para sumar a los activistas y luchadores obreros a la pelea por una nueva dirección en los sindicatos y por una alternativa política de los trabajadores.
Tags: cgt, reforma-laboral, macri, cambiemos

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Marcelo Ramal

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