11 de octubre de 2017 | Por Redacción

"El genocidio comenzó mucho antes del golpe del ´76": Justicia Ya La Plata alegó contra los represores de la CNU

Testimonio de las querellantes en el juicio contra Castillo y Pomares, dos integrantes de la criminal organización paraestatal que operó entre el '73 y el 76, durante el gobierno peronista.
“Pretendemos que este juicio sirva también para revisar esa etapa histórica que ha sido tergiversada, ocultada: empezamos a discutir que el genocidio en la Argentina comenzó mucho antes de marzo del ‘76, comenzó en gobiernos constitucionales, y el peronismo tuvo responsabilidad sobre esos hechos”, marcó la abogada Pía Garralda (integrante de Apel) a la salida del alegato que la querella colectiva Justicia Ya La Plata presentó hoy en el juicio que se realiza contra dos integrantes de la CNU (Concentración Nacionalista Universitaria), organización paraestatal de la derecha peronista que operó en la capital provincial entre 1973 y 1976.
 
Se trata de la primera vez que se lleva en La Plata un juicio a civiles integrantes de la CNU.
 
Carolina Vilchez, también de Justicia Ya! dio cuenta de los marcados límites del juicio que se cursa contra Carlos Ernesto Castillo y Juan José Pomares, en la medida en que solamente se los imputa a ambos de las cerca de 30 personas que conformaban la CNU, y apenas “por tres hechos represivos distintos, por siete víctimas” ocurridos entre febrero y abril del 76 –de una lista total de más de 60 asesinatos acreditados aún impunes.
 
Como describe Luz Santos Morón, otra integrante de la querella colectiva –que nuclea a numerosas organizaciones políticas y de Derechos Humanos–, se trató “de un plan llevado adelante con la finalidad de liquidar a un sector de la población, que eran activistas, militantes, obreros, estudiantes, que luchaban por una sociedad más justa e igualitaria, por terminar con la explotación y con la opresión, para lo que el Estado se valió de bandas paramilitares como la Triple A y la CNU”. Por este motivo Justicia Ya! reclamó en el juicio que sean condenados por el delito de genocidio, y a prisión perpetua.
 
Por su parte, Nilda Eloy, de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, puso en cuestión a los magistrados que llevan adelante la causa: “este tribunal está conformado por todos jueces subrogantes, alguno con nefastos antecedentes, como el doctor [Alejandro] Esmoris, firmante de libertades para genocidas por la aplicación del 2x1”. Y afirmó, con imperturbable convicción: “esperamos que a pesar de todo se los condene. Y si no, volveremos a estar. Acá estamos”
 
Como destacan los querellantes, los crímenes de Castillo y Pomares se dirigieron con saña contra el creciente activismo obrero en el período. Una de las víctimas, Leonardo Miceli, “era trabajador de propulsora siderúrgica, una de las fábricas donde se estaba dando en aquella época un proceso de organización de base del conjunto del movimiento obrero en la región”.
 
Otras dos, Roberto Fiandor (quien logró escapar de su secuestro y sobrevivir) y Carlos Domínguez, eran delegados y gremialistas del hipódromo de La Plata, en un caso que expone de manera particularmente clara el fuerte entramado entre el Estado, la burocracia sindical y las bandas paraestatales. Como destaca Garralda, referente de la Asociación de Profesionales en Lucha, los crímenes contra ellos se producen al amparo del gobierno provincial de Victorio Calabró, el mandatario bonaerense luego de la deposición de Oscar Bidegain; Calabró era un hombre de la Unión Obrera Metalúrgica y tenía mucho poder y una cuantiosa inversión en el hipódromo.
 
Como se ve, se trata de un juicio esclarecedor en muchos aspectos. También lo es el derrotero posterior de Castillo y Pomares, que luego de su accionar mafioso en los ‘70 se integraron sin muchas dificultades al régimen democrático. Castillo intervino en el levantamiento carapintada del ’91 en pos de la impunidad de los genocidas, y, luego de que Menem indultase al militar Aldo Rico por estos hechos y este crease el Movimiento por la Dignidad y la Independencia (MODIN), fue líder del mismo. Por su parte, Pomares  fue empleado de la intendencia platense de Julio Alak, y más adelante asesor del bloque del Frente Para la Victoria de la provincia de Buenos Aires; mientras que en 2014 su entonces esposa, Susana Gordillo, hizo uso de su rol como funcionaria del intendente Pablo Bruera (FPV) para amenazar a testigos clave en la causa por la CNU. Toda una pintura del peronismo de ayer y de hoy.
 
Luego de los alegatos, se espera para los próximos meses la sentencia del tribunal. Justicia Ya! continuará la pelea por cárcel común, perpetua y efectiva a los genocidas.
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