5 de octubre de 2017 | Por Noe Oggero

Rafaela: un caso de abuso y sometimiento a la servidumbre

El golpeador y violador mantenía a su mujer en esa condición. El rol del Estado.
Luego de que los vecinos de un asentamiento ubicado en Villa Sur de la ciudad de Rafaela realizaran una denuncia por los gritos provenientes de una de las viviendas precarias allí radicadas, la policía liberó a una mujer reducida a la servidumbre por su marido, mientras se comprobó que abusaba sexualmente de su hija de 12 años. Esta situación se habría extendido de mayo a septiembre; el agresor, además de encarcelarla en su propia casa y obligarla a realizar tareas domésticas, se apoderó de su documento y de la tarjeta de débito de cobro de asignaciones familiares. En el hospital al que fue derivada se constató que la mujer tenía siete costillas fracturadas y un pulmón comprometido, entre otras graves heridas causados por los golpes.   
 
Si bien el violento ha sido detenido y está acusado por estos graves crímenes, nada se ha dicho de las medidas que tomarán los estamentos del Estado con estas mujeres pobres que cohabitaban con un hombre que tenía antecedentes por violencia de género en una “casa” improvisada con nylon y palos. La indignación manifestada por los funcionarios y los medios respecto de los vejámenes sufridos por madre e hija no fue más allá de la sanción al hombre, cortando el hilo de las responsabilidades allí, omitiendo las brutales condiciones de vida a las que estaban sometidas. Y sobre todo qué asistencia habitacional, laboral y económica proveerá de ahora en más a las mujeres víctimas de violencia.    
 
En Rafaela no existen casas de amparo para las mujeres violentadas, menos aún un plan integral de asistencia a las víctimas. El acceso a una vivienda propia resulta casi imposible como resultado del acaparamiento de tierras que resulta de la sojización y la consecuente especulación inmobiliaria. Como en el resto del país, las mujeres somos mayoría entre los desocupados. Las políticas de ajuste que aplican el gobierno provincial del Frente Progresista y el local del PJ no han hecho más que agravar estos flagelos.
 
Desde el Plenario de Trabajadoras exigimos al Municipio la creación de centros integrales de la mujer, con personal interdisciplinario en planta permanente monitoreados por las organizaciones de mujeres y la construcción de casas de amparo para asistir a las mujeres víctimas de violencia de género en Rafaela. Con esta reivindicación, entre otras demandas del movimiento de mujeres, haremos campaña en las barriadas para llevar al concejo al Frente de Izquierda, en defensa de los derechos de las mujeres contra la miseria social y la violencia a la que nos someten los partidos del ajuste.  
Tags: plenario-de-trabajadoras

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