9 de enero de 2018 | Por Jorge Altamira

Las desventuras del ‘estado de excepción’

A propósito de la caducidad de la ley de emergencia.

Luego de las provocaciones y la represión a las manifestaciones del 14 y 18 de diciembre pasado, y de la sanción de la ley que determina la confiscación parcial de las jubilaciones, el gobierno anunció que no renovaba la ley de emergencia económica dictada por Duhalde, hace quince años, que dotó de ‘superpoderes’ al kirchnerismo durante toda su gestión. La ley de marras permitió al Poder Ejecutivo manejar en forma arbitraria el Presupuesto (en especial el pago de la deuda externa, por casi u$s200 mil millones, con los excedentes de la Anses, los recursos del Banco Central y las cajas del Banco Nación, el Pami y la Lotería). Con el aval de la ‘emergencia´, el gobierno K pudo fijar a su antojo las tarifas de servicios públicos y subsidiar a los concesionarios, e incluso determinar el tipo de cambio oficial. La ‘emergencia’, que la Constitución autoriza para circunstancias especiales, se había convertido, al cabo de una década y media, en un método de gobierno de excepción. Se entiende por ‘estado de excepción’ a un régimen político facultado, sea por decisión unilateral o por concesión parlamentaria, para actuar con órdenes ejecutivas, al margen del proceso legislativo.

Emergencia sin emergencia

El macrismo, curiosamente, no ha hecho una gran alharaca con este retorno al ‘estado de derecho’, ni los opositores le han reconocido el ‘gesto’. El grupo Carta Abierta, por su lado, se ha privado, al menos hasta ahora, de llenar las casillas de Página 12 para debatir la paradoja de que un gobierno ‘nacional y popular’ haya recurrido a un sistema de excepción, durante doce años y tres elecciones presidenciales consecutiva, y que un gobierno ‘neoliberal’ y entreguista se avenga a reponer el método constitucional. Otra paradoja es que el gobierno anterior eligiera eludir el control parlamentario, cuando tenía una mayoría absoluta en el Congreso (salvo, episódicamente, en 2009), y que el gobierno actual se prive de esa excepción cuando es minoría en la dos Cámaras. Es obvio que después de la crisis política que provocaron las sesiones de Diputados, el 14 y el 18, el Congreso no hubiera tenido margen para renovarle al gobierno una ‘emergencia’; los macristas han renunciado a algo que, muy probablemente, no hubieran podido conseguir. De todos modos, el cambio parcial de método político que entraña la caducidad de la emergencia, queda en pie.

Finalmente, para completar el círculo de estas contradicciones, la Corte Suprema habría advertido al gobierno, según lo ha dejado trascender la prensa, que la flamante ley contra los jubilados y los asalariados en su conjunto podría ser declarada inconstitucional, en los mismos términos que lo fueron las congelaciones de los haberes establecidos por Cavallo, en su momento, y más tarde por Kirchner, de acuerdo al fallo Badaro. Esto significa que en las vísperas del retorno al ‘estado de derecho’, macristas y justicialistas – Ejecutivo y Legislativo – se complotaron para producir un avasallamiento constitucional. Consciente del atropello, el gobierno ha logrado cajonear las demandas judiciales a la ley jubilatoria en un despacho ‘amigo’.

Análisis concreto

El estado de excepción, sin embargo, no puede ser caracterizado en forma adecuada al margen del contenido social o naturaleza de clase de los gobiernos que lo implementan, ni de las circunstancias históricas concretas. En los estados desarrollados el recurso a métodos de gobiernos excepcionales siempre va dirigido, por un lado contra la clase obrera y por el otro para hacer frente a rivalidades o guerras imperialistas; muchas veces son el prólogo al fascismo. En los países dependientes, el mismo fenómeno puede apuntar a expandir la autonomía nacional frente a la competencia y la presión del imperialismo – al mismo tiempo que sirve para regimentar a la clase obrera, por medio de la estatización parcial o total de sus organizaciones. La debilidad de la burguesía nacional fuerza al Estado a apelar a métodos de excepción para poder ejercer una función de arbitraje entre las clases, algo que no conseguiría de otro modo. En oposición a estos gobiernos bonapartistas y los métodos propios de ellos, los gobiernos ‘constitucionales’ o que se auto designan ‘republicanos’ repudian ese arbitraje estatal para dar piedra libre al capital extranjero.

Mientras los primeros recurren a la regimentación de las organizaciones obreras, que apuntalan con represión, los segundos se empeñan en neutralizar a los trabajadores por medio de la dislocación de esas mismas organizaciones y la represión que se ampara en una ‘defensa de las instituciones’. Al cabo de un desarrollo histórico de casi un siglo, sin embargo, unos y otros regímenes políticos se han entrelazado, y no se oponen en forma antagónicamente pura en ningún lado. Entre el kirchnerismo K, de un lado, y el macrismo, del otro, hay un largo puente que transitan por doble vía los ex kirchneristas, gran parte de la burocracia sindical, los radicales e incluso los socialistas, y todos los matices de Cambiemos. Los mejores aliados de la gobernadora Vidal son los intendentes pejotistas. Por otro lado, Macri, al igual que el brasileño Temer, se han negado, como antes los K, a firmar el tratado de libre comercio entre Mercosur y la UE, porque defienden los intereses del agro negocio instalado en el país, contra el proteccionismo europeo. El macrismo no es una ideología, en este caso neo-liberal, sino la expresión política de un sector poderoso de la burguesía local – por eso oscilará en su línea ‘neoliberal’ cada vez que esos intereses se vean afectados, del mismo modo que ocurrió con la ideología ‘nac & pop’ del kirchnerismo, que mantuvo a rajatabla la privatización del gas, el petróleo y la mayor parte de los servicios públicos.

Emergencia macrista

Macri se ha despojado de la ley de emergencia, en primer lugar porque representa la tendencia capitalista que reclama libertad para el gran capital, sin injerencias del Estado, para alentar el ‘libre movimiento’ financiero. Más importante es que lo hizo cuando comprobó, al cabo de dos años de gobierno, que podía recurrir a sus cláusulas sin necesidad de un respaldo legal. El caso de las tarifas de servicios públicos es el más claro, porque su determinación es completamente arbitraria. Los contratos de privatización de servicios están caducos desde el derrumbe convertibilidad, al punto que Argentina enfrenta juicios en el Ciadi y en los tribunales de Nueva York, por la ruptura unilateral de esos contratos en 2002. Las empresas de servicios han cambiado varias veces de dueños, como consecuencia de ese derrumbe. El kirchnerismo los mantuvo en el pulmotor a fuerza de subsidios y ahora Macri pretende devolverles el status previos a fuerza de disposiciones ejecutivas arbitrarias. Es así que está imponiendo un régimen dolarizado de servicios, cuando ya no existe la paridad entre el peso y el dólar. Se trata de un método de confiscación descomunal, pues determina precios de monopolio internacionales, con costos y salarios que no lo son. La renegociación de la deuda externa, por parte del kirchnerismo, como antes ocurriera con el alfonsinismo, el menemismo y la Alianza, y el litigio perdido con los fondos buitres, ha dejado al desnudo la prevalencia de la legislación y la jurisprudencia internacionales sobre el orden legal interno. El cuerpo legal de Argentina es una hoja de parra de la ley internacional del capital financiero.

A través de la ley de Presupuesto, el Congreso otorga, en los hechos, una discrecionalidad enorme al Ejecutivo, como ocurre con la facultad para tomar deuda pública (y por sobre todo externa) sin pasar por el parlamento. Aunque los voceros del oficialismo se llenan la boca con el tipo de cambio libre y la autonomía del Banco Central, la crisis reciente acerca de las ‘metas de inflación’ ha demostrado lo contrario. El Estado capitalista, incluso en los países dependientes, es una maquinaria controlada por el capital financiero internacional. La Constitución es la hoja de parra de esta dominación política. El Ejecutivo goza de prerrogativas enormes contra la independencia de acción de los sindicatos: la conciliación obligatoria, la intervención a los sindicatos, la declaración de ilegalidad de las huelgas. Por la vía de la integración de las obras sociales y la medicina privada pre-paga, la burocracia sindical se entrelaza cada vez más con una de las patronales más poderosas del país y del mundo – la farmacéutica y los laboratorios.

Lucha de clases

La Constitución provee a la democracia argentina de todos los instrumentos legales para enfrentar una crisis de dominación a partir de la lucha de los trabajadores. La legalidad no consiste en otra cosa que en el perfeccionamiento de la extorsión, la coacción y la represión contra las clases explotadas. El estado de sitio, o sea la suspensión de derechos y garantías ciudadanas, y por lo tanto la sujeción del poder judicial al ejecutivo, y las intervenciones federales, son los instrumentos fundamentales de la ‘excepción’ constitucional. El estado de excepción se encuentra inscripto en la Constitución en términos potenciales efectivos. El Estado cuenta asimismo con un aparato represivo público muy desarrollado y con otro privado o más bien clandestino, que opera bajo la égida de los servicios de espionaje. Alfonsín y De la Rúa recurrieron al estado de sitio para salvar sus gobiernos, sin resultado, lo que demuestra la fuerza decisiva que tiene, en última instancia, la bancarrota capitalista y la movilización de masas.

Cuando los teóricos K repiten que “el ajuste sólo cierra con represión”, dicen media verdad, porque no destacan que ‘va cerrando’ con el apoyo político del justicialismo y la burocracia sindical, sus aliados en la ‘unidad’ que buscan del ‘campo popular’. La alianza Cambiemos-PJ-burocracia ha prevalecido, por lejos, sobre la policía, en la aplicación del ajuste, y luego en el apoyo a la represión policial, para policial y judicial contra quienes luchan contra el ajuste. Cuando el triunvirato de la CGT ‘repudió la violencia’ en las últimas manifestaciones, se refería no a la policial sino a la que el gobierno, los medios y la policía atribuye a los obreros movilizados y a los luchadores.

Para derrotar la guerra de clase que el gobierno desarrolla contra los trabajadores, es necesario tener en claro que esa guerra se apoya en una alianza entre los partidos del capital, oficialistas y opositores. Esta conclusión dará impulso y fuerza a la construcción de un poderoso partido de la clase obrera. La contradicciones y crisis del capitalismo, por un lado, y la lucha de clases, por el otro, podrían romper esta alianza que hoy pilotea el ajuste, o sea conducir al agotamiento y derrumbe de ese ajuste, pero solamente para reconstituir esa alianza bajo otra forma y sobre premisas diferentes a las actuales y, por sobre todo, bajo métodos políticos distintos. En oposición a estas desavenencias y reconciliaciones de las fuerzas patronales, en Argentina está planteada más que nunca la construcción de un partido obrero.

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Jorge Altamira

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