A 7 años de su desaparición, hoy se desarrollará una jornada político-cultural por los derechos humanos para recordar a Luciano Arruga y luchar por la condena a todos los responsables de su desaparición y asesinato.
Convocada por la comisión de familiares y amigos que batalló durante seis años hasta finalmente encontrarlo, serán protagonistas las víctimas de la impunidad y de la violencia policial y las organizaciones de derechos humanos independientes. A través de paneles dedicados a los casos de gatillo fácil y de desaparición forzada. De este último participarán, además de los familiares de Luciano, los de Sergio Ávalos, Daniel Solano e Iván Torres. Entre los representantes de organizaciones de derechos humanos invitadas a participar de una reflexión de cierre al final de la jornada, se encuentran Claudia Ferrero (Apel), Nora Cortiñas, María del Carmen Verdú (Correpi) y “Cachito” Fukman (AEDD), entre otros. Simultáneamente, durante toda la jornada habrá actividades culturales y talleres y, finalmente, un cierre musical.
Luciano desapareció el 31 de enero de 2009, cuando tenía 16 años. Inmediatamente, las sospechas de la familia apuntaron a la policía de Lomas del Mirador, que lo hostigaba sistemáticamente para que “trabajara” para ellos. Luciano se negaba. Sufrió torturas dentro del destacamento policial, meses antes de su desaparición, que dieron lugar a una causa judicial que resultó en la única condena contra un policía relacionada con el caso, tras años de encubrimiento político y judicial. Los ocho policías acusados por “desaparición forzada de persona” fueron apartados pero luego reincorporados a sus funciones.
El cuerpo sin vida de Luciano fue hallado el 17 de octubre de 2014, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Según se pudo establecer, murió atropellado en la avenida General Paz. Testigo declararon que lo vieron cruzar a la carrera, “como huyendo”, y que había un vehículo policial estacionado a pocos metros. La Justicia nunca esclareció qué papel jugó la policía en la muerte de Luciano. Por otra parte, el hallazgo de su cuerpo fue resultado exclusivo de la movilización de sus familiares: los jueces rechazaron dos pedidos de Hábeas Corpus hasta hacerles lugar a su reclamo de búsqueda y finalmente encontrarlo.
El encubrimiento que rodeó el caso es responsabilidad de los gobiernos de Espinosa-Scioli-Casal, que cerraron filas para respaldar a la Bonaerense. Asimismo, la nueva gobernadora se orienta a revalidar el “pacto de convivencia” del poder político con la policía más fiera del país, heredera estructural de los Camps y los Etchecolatz. Esta policía se encuentra en el centro de la organización del delito que asola a las familias de trabajadores.
Nos sumamos a esta jornada por Luciano, por los 4644 asesinados por la policía desde 1983, por todas las víctimas de la impunidad y por los 200 desaparecidos en democracia.
Castigo a todos los culpables.
Corresponsal
