12 de diciembre de 2017 | Por Ileana Celotto, Secretaria General AGD UBA @ileanacelotto

Avanzan en la ilegalización de sindicatos inscriptos

Una resolución a medida del pacto Macri CGT.

La orden había sido dada por Macri en su discurso en el CCK, cuando dijo “no puede ser que haya más de 3.000 sindicatos y sólo 600 firmen paritarias anuales”.

Más que una mención fue un apriete. El ajuste que está implementando el gobierno, en acuerdo con los gobernadores y la CGT, necesita de sindicatos obedientes que firmen las paritarias a la baja y los convenios flexibles que requiere la política de endeudamiento colonial y reducción de “costos laborales”. Su modelo ideal es el convenio que firmó la UOM de Tierra del Fuego, que establecía el congelamiento salarial hasta el 2020, y que finalmente acaba de ser rechazado por las asambleas obreras.

Tras las diatribas de Macri, el patronal Triaca avanzó. El 6 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial la disposición 17-E/2017 de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, que establece las consideraciones para dar de baja a sindicatos, en base a la ley 23.551 –también llamada “de asociaciones sindicales”. En la misma, no sólo arremete contra los sindicatos simplemente inscriptos sino también contra los que tienen personería gremial pero no hayan cumplido con las obligaciones estipuladas en la ley.

La ley 23.551 tiene como base la intromisión del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (MTSS) en las organizaciones del movimiento obrero, favoreciendo el unicato como forma de control por parte del Estado y de la burguesía hacia las organizaciones de trabajadores a través de la burocracia sindical.

Más allá de declaraciones de funcionarios y datos vertidos por fuentes periodísticas –que, según el medio, hablan de 450 a 800 sindicatos que serían dados de baja–, en el Boletín Oficial no se publica una nómina de los mismos, lo que puede facilitar “mechar” varios de genuina existencia, apuntados por los gordos de la CGT, entre una serie de organizaciones sin vida sindical real. De acuerdo a algunas publicaciones, en la mira estarían el SITRAIC, un sindicato de clase y democrático que ha crecido desde las propias obras y logró ámbito nacional contra el sindicalismo empresarial y las patotas de la UOCRA (construcción) de Gerardo Martínez, amparado por los gobiernos K y el actual. También AGTSyP (subte), otro ejemplo de un sindicato surgido contra la burocracia sindical, a quien ya este gobierno atacó quitándole la personería gremial, un regalo para la UTA.

En principio parecería que el listado apunta a los “simplemente inscriptos”, en condición de mayor fragilidad, una manera más de favorecer a las cúpulas sindicales. Pero es el propio MTSS el que otorga la categoría de personería gremial o de inscripto en base a quien detenta la mayor cantidad de afiliados, competencia que se adjudica a discreción por el Ministerio. Como ejemplo podemos apuntar el de ADUBA, el sindicato del Rectorado de la UBA, que sistemáticamente afilia inconsultamente a docentes a fin de no perder alguna diferencia con el sindicato clasista AGD-UBA. En este ilustrativo caso, el sindicato de existencia real es el que no tiene personería gremial y viceversa, lo que tiene múltiples manifestaciones, no sólo en tanto canal de lucha, sino por constituir comisiones electas en 15 de las unidades académicas de la UBA. Es decir que mediante este tipo de disposición se alimenta “sindicatos de padrón”, por encima de las genuinas organizaciones obreras.

 

Reforma laboral y unicato

Esta proscripción forma parte de la “letra chica” de la reforma laboral, que en su versión original, en su artículo 120, facultaba al MTESS a proceder a la actualización del Registro Nacional de Asociaciones Sindicales, que funciona en su ámbito. Una ofrenda a la burocracia sindical y a su monopolio del unicato, uno de los motivos de casta o de “mafia” que amerita el apoyo a la ley flexibilizadora. Allí se establecen cinco años de “no cumplimiento” en lugar de tres y otorga 30 días en lugar de 60 para regularizar la situación.

Las demoras que las divisiones de la CGT en sectores intermedios de burocracia sindical y las movilizaciones y pronunciamientos obreros impusieron al trámite de la reforma laboral han determinado al gobierno a apurar este decretazo, con esta resolución del MTSS, o sea por vía excepcional. Estamos ante la tendencia al ´estado de excepción´, expresada en el campo sindical.

 

El Ministerio, juez y parte

La ley de Asociaciones Sindicales establece la injerencia del MTESS en la vida interna de nuestras organizaciones gremiales. Son potestad del Ministerio cuestiones tan vitales para el normal funcionamiento de los gremios como la legalización de estatutos, la certificación de autoridades, la rúbrica de todos los libros, memorias y balances requeridos por la legislación vigente, la autorización de los descuentos correspondientes a la cuota sindical, la homologación de los convenios colectivos o acuerdos salariales, la posibilidad de dirimir frente a impugnaciones en actos electorales, de intervenir sindicatos o disponer delegados normalizadores, entre las principales.

El contenido del decreto de “regularización” apunta a gremios que en un lapso de tres años no hayan demostrado “efectiva voluntad asociacional de mantenimiento de su vida institucional y cumplimiento de sus obligaciones legales”. Pero resulta que todos los sindicatos, inscriptos o con personería, dependen del propio MTESS para demostrar esa voluntad y cumplir con las obligaciones que fija el mismo.

Sobran ejemplos, y en todos los casos, los incumplimientos del Ministerio están relacionados con el siguiente patrón: controlar a los sindicatos que se rebelan a las decisiones de las burocracias sindicales, las patronales y los gobiernos. Es así que no se homologan estatutos o sus reformas cuando apuntan a profundizar la democracia sindical en la vida interna, ya sea a través de ampliar cantidad de representantes para favorecer la participación de minorías, o la disminución de antigüedad para ser candidato. Incluso se han observado estatutos que planteaban como causal de desafiliación la condena por delitos de lesa humanidad –una cobertura a los Gerardo Martínez– o por violencia de género.

La misma función cumplen las demoras en la certificación de autoridades, otra extorsión a los sindicatos que no se disciplinan. AGD-UBA la consiguió luego de casi cinco meses de pelearla, lo que nos impedía las acciones más elementales del gremio, incluso la imposibilidad de disponer del dinero para el cumplimiento de obligaciones previsionales, deber que exige la ley. La no certificación de las autoridades implica que los miembros de las direcciones sindicales no cuentan con inmunidad gremial, quedando a merced de las patronales.

Lo mismo ocurre con la demora en la autorización para el cobro de las cuotas sindicales, otro mecanismo para impedir el funcionamiento de sindicatos antiburocráticos que surgen a partir de la necesidad y organización de las bases. Práctica que se repite con la no entrega de libros rubricados exigidos por el mismo MTESS.

El mecanismo es simple. El Ministerio exige lo que el propio Ministerio no entrega. Aprietan a los que no aceptan los topes salariales (aceiteros), a los que se rebelan contra el unicato, a los que se organizan en base a la democracia sindical con independencia de las patronales y de los gobiernos de turno, a los que cuestionan el encuadramiento (subte) y así de corrido. La disposición publicada en Boletín Oficial es transparente cuando en uno de sus párrafos expresa que las obligaciones que se le exigen a las asociaciones sindicales responden a la necesidad de “resguardar el orden público y permitir la tarea de control u regulación de parte de los órganos administrativos competentes del Estado”.

 

Organizarnos contra la injerencia del Ministerio y las reformas antiobreras

El Estado argentino –y el macrismo, en particular– conciben a los sindicatos como organizaciones de contención y regimentación del movimiento obrero, el fin contrario a su función histórica de clase.

Así como este decreto es parte de la reforma laboral, la defensa de nuestros sindicatos es parte de la lucha contra el plan de guerra de Macri, los gobernadores y la CGT.

A partir de una iniciativa de AGD-UBA, desde varios sindicatos inscriptos comenzamos a organizarnos para enfrentar juntos la ofensiva del Ministerio, a la vez que nos sumamos a las movilizaciones contra las reformas laboral y previsional. Están participando Ademys (docentes), SiPreBA (prensa), ADUNLu (docentes de la Universidad de Luján) y ATRANA (Radio Nacional), entre otros. El próximo paso será el 21 de diciembre ante los organismos internacionales, a los que acudiremos con nuestros reclamos.

Vamos por la defensa de nuestros sindicatos, por la derogación de la Ley 23.551 y por la independencia de las organizaciones gremiales del Estado.

Tags: agd-uba, cgt, macri, sindicatos, noticiero-obrero

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