1 de noviembre de 2017 | Por Soledad Sosa

Las mentiras de Macri sobre los trabajadores judiciales

La realidad del gremio en Mendoza, donde gobierna el radical Cornejo, refuta los ataques antiobreros del discurso presidencial.
El discurso presidencial, en ocasión del encuentro del Pacto nacional del ajuste, contó con unos minutos de puras falacias contra los trabajadores judiciales.
 
Envalentonado con los resultados electorales y con la renuncia de Gils Carbó, Macri arremetió no hacia la cúspide del Poder Judicial, donde anidan los privilegios y las desproporciones, sino contra el eslabón más débil y precarizado del Poder Judicial: los Ordenanzas –a quienes se refirió de manera falaz y despectiva, asegurando que su “función es servir café o llevar expedientes” y “tienen sueldos arriba de $100.000 por mes”.
 
La verdad es que los únicos que tienen ingresos por arriba de ese monto son los jueces y ministros de la Corte, que además gozan del 82% móvil jubilatorio, de tres actualizaciones por año y en el caso de los magistrados provinciales gozan del enganche salarial con la Nación –ni hablar de un régimen de licencias de hecho que roza la impunidad, ya que son contados los casos de quienes permanecen durante toda la jornada laboral en el juzgado. Mientras que una trabajadora judicial de Mendoza, con diez años de antigüedad, cobra en mano aproximadamente $17.500, un juez de la misma provincia –sin contar adicionales y antigüedad– supera los $150.000.
 
El supuesto “régimen de licencias muy generoso” que, según el presidente, permitiría a todos los judiciales tomarse “dos años de licencia con goce de haberes” es una burda mentira que arrimó otro ataque a las condiciones laborales de un sector con un alto índice de enfermedades laborales producto de la precarización, de la flexibilización laboral y del contacto con las problemáticas más sensibles de la sociedad.
 
Con el argumento de la celeridad en los procesos judiciales, Macri en su discurso arremetió contra la jornada laboral de 6 horas y los supuestos 45 días al año de "interrupción de la justicia" por las vacaciones y ferias judiciales. Los asesores de Macri fingen desconocer la realidad de los tribunales: no sólo en receso los juzgados se mantienen de turno con personal afectado, sino que la jornada laboral no es respetada por la patronal judicial –que ante la falta de convenio colectivo de trabajo, desde hace años introdujo contratos de régimen full time para los empleados y las 8 horas de trabajo en las oficinas fiscales del Ministerio Público de Mendoza, provocando discriminación de un sector y afectando severamente la salud de los agentes, al no disponer mayor personal para la creación de un cuarto turno.
 
Qué bueno sería para la justicia argentina que Macri deje de mentir, pero sobre todo que el pueblo entienda que los privilegios están en la Corte Suprema, en jueces que nadie elige ni controla.
 
La elección directa de los jueces y su revocabilidad, así como la obligación de rendir sus fallos ante el pueblo, son pasos necesarios para la democratización de una institución que no es independiente de los intereses de clase que dominan el Estado, que son los de las patronales, necesarias para el gobierno de Macri para imponer la reforma laboral, jubilatoria y tributaria que atenta contra quienes viven de su trabajo.
 
Mientras que el gobernador mendocino Cornejo impulsa en el Senado una ley para aumentar de 7 a 9 los jueces de la Suprema Corte de Justicia provincial –buscando la regimentación política de la misma por la vía de un mayor copamiento–, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda impulsa en el Senado provincial –a través de nuestro senador Víctor Da Vila– y en el Congreso nacional la ley de convenio colectivo de los trabajadores judiciales, junto al enganche salarial de la clase inicial con el ingreso del presidente de la Corte Suprema de la Nación.
 
Convocamos a todos los trabajadores judiciales a defender estos intereses sociales y combatir los privilegios y la corrupción junto a la izquierda.
Tags: judiciales, poder-judicial

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