“Queremos que se investigue si el gobierno y el Estado están detrás de las provocaciones al PO”

Adjuntamos escrito presentado
18 de enero de 2018

Esta mañana, el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano y las abogadas Claudia Ferrero y Liliana Alaniz realizaron la presentación judicial en Comodoro Py ante el juzgado del juez Sebastián Ramos para ser aceptados como querellantes en la causa que investiga la colocación de un artefacto explosivo en la puerta del Departamento de Policía en pasado viernes 5 de enero por la cual fue acusado falsamente.

Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, dijo: “nos presentamos como querellantes porque queremos que se clarifique si el gobierno y el Estado están detrás de estas provocaciones al PO, que se dan en un contexto de creciente criminalización y persecución política contra el movimiento popular y especialmente nuestra organización.”

“Los días que rodearon este supuesto atentado fueron detenidos dos militantes del PO en los que se personaliza una campaña política contra la masiva movilización del día 18 de diciembre en rechazo a la reforma previsional. Entonces, se les arma una causa amañada a dos militantes, se les niega con una cantidad de arbitrariedades la excarcelación, aparece un explosivo con una firma falsa del PO en el Departamento de Policía. Con estas maniobras, se busca amedrentar a la población para que no se movilice contra las políticas del gobierno, cuya oposición a ellas expresa públicamente el PO. El juez debe desentrañar entonces si se trató de una nueva y más grave agresión del Estado contra nuestra organización”.

 

SOLICITAN SER TENIDOS COMO QUERELLANTES

Señor Juez:

Gabriel Esteban Solano, DNI 23.992.930, Marcelo Armando Ramal, DNI 11.266.786 y Néstor Antonio Pitrola, DNI 10.445.883, por nuestros propios derechos,  con el patrocinio letrado de las Dras. Claudia Ferrero, abogada inscripta al T°   F° y Liliana Alaniz abogada inscripta al T       ° 79 F° 492 CPACF, constituyendo domicilio legal en la calle Bartolomé Mitre 2162 de esta ciudad y con domicilio electrónico en el CUIT 27168386147 y 27252572878,  ante V.S. me presento y digo:

I-Objeto: que en nuestros carácteres de dirigentes del Partido Obrero, todos con domicilio en la calle Bartolomé Mitre 2162, venimos a formular querella penal contra los autores de los hechos delictivos que a continuación relatamos y a todo aquel que resulte coautor, cómplice o encubridor,  o aquel que resulte de la investigación, en virtud de los hechos de público y notorio conocimiento, que se pasará a relatar y cuya investigación tramita ante juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 a vuestro cargo.

II. Legitimación: El hecho investigado tiene en su génesis un entramado que afecta y perjudica al Partido Obrero en forma directa. Los hechos dañan al Partido Obrero en su imagen pública, al buscar vincularlo con la realización de actos terroristas contra las instituciones del Estado, en miras a que la conmoción causada por los mismos en sectores de la población tenga como consecuencia el repudio a nuestro partido, señalado fraguadamente como autor del mismo.

III. Hechos: Según surge de información difundida por diversos medios de comunicación, el día 5 de enero, un bombero vestido de civil que transitaba por la calle Cevallos al 400, es decir, frente al Departamento Central de Policía, habría sentido olor a pólvora debajo de un móvil de contención de dicha fuerza y observado dos paquetes que consideró sospechosos, motivo por el cual habría dado aviso a la Policía. Poco tiempo después, el personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal realiza una detonación controlada de lo que habría resultado ser una bomba casera de gas butano que contenía, o junto a la cual habría, un metal que contenía un mensaje que estaría suscripto por el Partido Obrero.

Inmediatamente después , el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco y el comisario mayor Néstor Roncaglia, jefe de la policía, establecieron ante los medios de comunicación una versión de los hechos que daba cuenta no solamente la existencia de un aparato explosivo, sino que también habrían aparecido otros similares en distintas partes del país. Nada de ello pudo constatarse en forma pública en los días subsiguientes. (Ver https://www.infobae.com/sociedad/2018/01/05/hallaron-dos-artefactos-explosivos-frente-al-departamento-central-de-la-policia-federal/ -se adjunta impresión de la página mencionada). Es fundamental que V.S. ingrese al sitio web Infobae y vea los videos que allí se difunden, para que tome conocimiento de lo que aquí manifestamos.

En el mismo sentido, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich inmediatamente publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que decía: “Pusieron un artefacto explosivo con tres tanques de butano en Dpto Central de @PFAOficial. La violencia política es un camino que la ciudadanía repudia, contrario a una Argentina con diálogo y respeto. Los responsables de atentar contra las instituciones pagarán por sus actos.”  (ver impresión adjunta).

Los funcionarios mencionados han presentado públicamente este hecho como una expresión más de una supuesta violencia de organizaciones políticas cuyo objetivo sería atentar contra las instituciones, en continuidad de dar esta interpretación al carácter de las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre de 2017. Esta denuncia debe ser entendida dentro de ese contexto: los hechos sucedieron en un momento en el cual se desarrollan inculpaciones y se criminaliza a quienes se manifestaron esos días en rechazo a la reforma previsional y, en particular, se personaliza una acusación en dos miembros de este partido. Corresponde realizar un profundo análisis de este contexto en que se dio esta operación: rápidas acusaciones sin fundamento; puesta en marcha de la maquinaria mediática y un claro objetivo de provocar temor, alarma y violencia en la población, sea por acción o reacción buscando estigmatizar especialmente al Partido Obrero.

Es evidente que los autores de los hechos tenían como finalidad provocar conmoción, intimidación y alarma en el espíritu público. El texto y la firma atribuida al Partido Obrero y la modalidad de la misma (grabada en una chapa) para que subsistiera a cualquier tipo de explosión expresan que se espera que esa intimidación y alarma sea atribuida al Partido Obrero para que sea concebido como una organización peligrosa para el colectivo social.

La redacción del volante, “Libertad a los argentinos presos en Congreso o los ataques seguirán”, de modo alguno puede ser atribuida al Partido Obrero, organización política con más de 50 años de historia cuyo método y estrategia consiste en la organización política de los trabajadores.

¿Quién tiene la impunidad y la libertad para colocar una bomba en las puertas del Departamento de Policía? Es allí donde V.S. debe abocarse a desentrañar. Debe tenerse en cuenta que el artefacto explosivo fue colocado en un lugar especialmente custodiado – se trata del Departamento Central de la Policía Federal- y que el hecho como tal fue utilizado por los funcionarios gubernamentales para escribir un capítulo más de su relato dirigido a criminalizar la protesta social y, por sobre todo, generar una estigmatización de las organizaciones políticas que de manera inequívoca rechazan la política aplicada por el actual gobierno. La suma de los hechos, o sea, un lugar custodiado con celo por las fuerzas de seguridad, y la utilización dada por los funcionarios oficiales abren el interrogante si estamos realmente ante un delito de “intimidación pública”, donde el Estado es el agredido, o si, por el contrario, es este el que utiliza métodos ilegales para agredir a organizaciones y partidos políticos opositores.

Nuestra presentación en la presente causa como querellantes persigue el objetivo determinar las responsabilidades del hecho para clarificar lo antedicho ante el conjunto de la población de nuestro país.

 

 

IV. Petitorio: Por lo expuesto, a V.S. solicito:

1.          Se nos tenga por presentados, constituido los domicilios legales y electrónicos, y como querellante en las presentes actuaciones.

2.                Se permita el acceso al expediente y autorice la extracción de fotocopias del mismo.

 

Proveer de conformidad

                                     SERA JUSTICIA